El martes 8 vence el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para vetar o promulgar la Ley que reglamenta la pérdida de investidura de los legisladores, que fuera sancionada hace 2 semanas y que establece la mayoría absoluta de 2 tercios de votos para expulsar a un senador o diputado de su cámara, por haber incurrido en tráfico de influencias.
Este es el tercer intento que hace el Congreso por reglamentar el procedimiento, aunque la mayoría coyuntural del Senado no necesitó ninguna reglamentación para expulsar a 6 de sus miembros en años anteriores. Y en Diputados, aunque siempre se resistieron más a la posibilidad de que uno de los suyos fuera echado, recientemente inauguraron la figura constitucional con el liberal Carlos Portillo.
El presidente Mario Abdo Benítez ya vetó una vez una ley sobre el tema, asegurando que la mayoría absoluta establecida en ella era inconstitucional, lo cual es cierto. Esta vez, envalentonados vaya a saber por qué, los senadores y diputados aprobaron que sea aún más complicado expulsar a un legislador, estableciendo la absoluta de dos tercios, más inconstitucional, si cabe.
Varios constitucionalistas aseguraron que no se necesita ninguna reglamentación para poner en práctica el artículo 201, aunque otros afirman que la verdadera intención de las convenciones jamás fue permitir que la expulsión de un legislador se diera por simple mayoría, aduciendo que se debió a un olvido involuntario pero que el pensamiento que primó en la Constituyente se refleja en el diario de sesiones.
En fin, si Abdo Benítez no toma una postura determinada mañana o el martes, ese día la Ley que reglamenta la pérdida de investidura y establece la mayoría absoluta de 2 tercios para echar a un legislador quedará promulgada y en vigencia automáticamente.
