Una pareja gay adopta a un niño. Dos padres felices. Hasta que comienzan a ponerle un vestido y pintarle los labios al chico. Esto es lo que mostraba la publicidad difundida permanentemente por los canales de televisión cercanos al Kremlin a mediados del año pasado. En plena pandemia, Vladimir Putin había lanzado una reforma constitucional que básicamente terminaba con los derechos de la comunidad LGBT rusa y que traía por debajo lo que realmente el jerarca buscaba: otras dos reelecciones y la posibilidad de quedarse en el poder hasta 2036. Para conseguirlo apeló al tradicional machismo que aún impera desde la época soviética. El resto lo hicieron los grupos que lo apoyan con fruición en los medios de comunicación.
La enmienda constitucional fue aprobada en el referendum del 1 de julio de 2020 yPutin la firmó esta semana. La ley prohíbe formalmente cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo en Rusia y bloquea cualquier legislación al respecto. También prohíbe las “adopciones transgénero” y establece que la “fe en Dios” será un valor central que regirá la vida del país.
El matrimonio se define estrictamente como la unión “entre un hombre y una mujer”. En Moscú aseguran que estas fueron concesiones que hizo Putin a la cúpula de la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras instituciones conservadoras a cambio de que dieran el apoyo a su permanencia en el poder.
Con la reforma, el presidente podrá presentarse a dos reelecciones más, lo que implicaría continuar en el Kremlin otros 15 años. Además, Putin tiene inmunidad de por vida frente a cualquier proceso judicial, situando la legislación rusa por encima de las normas internacionales. El referéndum con estos conceptos fue aprobada por una supuesta mayoría del 78%, aunque los críticos aseguran que el proceso fue manipulado.
