Basilio Núñez, presentó el proyecto de ley para modificar y amplía varios artículos de la Ley de Administración Financiera, para regular a las ONG’s, fundaciones o agencias, sea cual fuere el nombre que le pongan, bajo el lema de “sin fines de lucro”.
“Ya tuvimos antes de las elecciones organizaciones que supuestamente se dedicaban a hacer una especie de control electoral, ejemplo, Semillas para la Democracia y otros, que no cumplieron su rol, sino que respondían directamente a una de las candidatas”, afirmó Núñez.
Indicó que la investigación de Nación Media sobre la fundación Cird, desveló que clanes familiares se distribuían gran parte del dinero. Remarcó que urge un control a las ONG’s, además de encontrar trazabilidad a los fondos que reciben y tratar de transparentar todo, incluso los registros, pues, actualmente solo 60 figuran en el Presupuesto General de Gastos.
Una de las inclusiones del proyecto, al ámbito de aplicación de la Ley de Administración Financiera, precisamente es la de las fundaciones, organismos no gubernamentales, agencias especializadas, cualquiera sea su denominación, personas físicas o jurídicas, que reciba o administre fondos, servicios o bienes públicos, sean estos provenientes de convenios de préstamos, donaciones, asistencia técnica y/o cooperación internacional no reembolsable.
Se agrega la prohibición a los organismos y entidades del Estado a firmar acuerdos, convenios u otros documentos similares, con organismos no gubernamentales que reciban o administren fondos provenientes de organizaciones y personas del exterior, si los mismos no están incluidos previamente en el Presupuesto General de la Nación o el Presupuesto de los Gobiernos Municipales.
En cuanto al crédito público, se prohíbe que las operaciones sean administradas por las ONG’s o agencias, sean nacionales o extranjeras, las que deberán ser autorizadas por otra ley diferente a la operación de crédito.
Sobre la aprobación y firmas de contratos de empréstitos, se prohíbe las cláusulas en donde se establezca que sean administradas por fundaciones, organismos no gubernamentales y agencias especializadas, las que en cada caso deberán ser autorizadas por otra Ley distinta.
Para la trazabilidad de todos los recursos, se crea el Registro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, cualquiera sea su denominación, que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.
