La Dirección de Transparencia Anticorrupción del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) intensificó las acciones contra presuntas irregularidades dentro de la institución, según explicó la directora del área, Dra. Elga Escobar, durante una entrevista en el programa Contacto País.
Escobar señaló que el INDERT enfrenta una estructura de prácticas irregulares que se arraigó durante años y que combatirla requiere apartar a funcionarios cuando existen elementos concretos y remitir las denuncias a los organismos correspondientes. Destacó, al mismo tiempo, que existen funcionarios que cumplen correctamente sus funciones y viven exclusivamente de sus salarios.
Uno de los casos abordados fue el de Demetra S.A., relacionado con un expediente por 16 hectáreas en Caaguazú. Según explicó Escobar, la investigación detectó que se había formado un expediente para una empresa que no era sujeto de la reforma agraria, pese a lo cual el trámite fue remitido a Asunción para avanzar hacia una eventual adjudicación. La situación fue detectada y el presidente del INDERT dejó sin efecto las actuaciones.
La directora de Transparencia sostuvo además que el caso no involucraría únicamente a una persona, ya que el expediente debía atravesar distintos filtros administrativos. Según explicó, varios funcionarios fueron apartados mientras continúa la investigación sobre las responsabilidades correspondientes.
Otro de los principales reclamos mencionados durante la entrevista fue el cobro indebido por trámites y planos individuales. Escobar advirtió que estos planos ya no tienen validez y pidió a los pobladores que no entreguen dinero sin recibo oficial del INDERT. También relató casos en los que personas habrían pagado entre G. 15 millones y G. 20 millones por trámites que nunca llegaron a realizarse.
Ante denuncias de corrupción, la Dirección de Transparencia recibe la documentación, forma un expediente y, cuando corresponde, lo remite a la Contraloría General de la República. Escobar explicó que tienen un plazo de cinco días para remitir las denuncias a la Contraloría, mientras que los denunciantes pueden mantener sus datos protegidos para evitar eventuales represalias.
La funcionaria también instó a los colonos a denunciar eventuales cobros realizados por dirigentes o gestores. Según explicó, el INDERT actualmente realiza los relevamientos directamente en las colonias y los gestores privados ya no están permitidos para estos trámites. Cuando la irregularidad corresponde a un tercero que no es funcionario público, la denuncia es derivada a la Fiscalía.
Para Escobar, una de las principales herramientas para terminar con estas prácticas es facilitar el acceso de los beneficiarios al título de propiedad, evitando que los pobladores permanezcan durante décadas sujetos a trámites interminables y cobros sucesivos. En ese sentido, destacó los convenios con Catastro y el proceso de titulación masiva impulsado por la institución.
El mensaje de la directora anticorrupción fue directo: las denuncias necesitan pruebas y los ciudadanos no deben pagar por trámites que no corresponden. El INDERT, según sostuvo, busca cortar con prácticas arraigadas y trasladar las denuncias documentadas a las instituciones responsables de determinar eventuales sanciones administrativas o penales.
