La Cámara de Diputados puso sobre la mesa 31 interrogantes sobre la supervisión ejercida en torno a Banco Atlas. El pedido abarca sanciones, fideicomisos, controles contra el lavado de dinero y la actuación del regulador tras la acusación contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente de la entidad.
La discusión sobre Banco Atlas llegó formalmente al Banco Central del Paraguay (BCP). La Cámara de Diputados remitió un amplio pedido de informes para reconstruir qué controles realizó el organismo regulador durante los últimos años y, principalmente, qué ocurrió después de las advertencias, sanciones y controversias que fueron apareciendo alrededor de la entidad.
El documento plantea, precisamente, una revisión sobre una década de supervisión.
Uno de los principales interrogantes apunta a determinar por qué, pese a la existencia de sanciones, auditorías, advertencias y causas penales, no existirían actualmente sumarios administrativos contra Banco Atlas o, en caso de existir, cuáles son y en qué estado se encuentran. El BCP ya había informado en enero de 2026 que no tenía sumarios administrativos en curso contra Atlas y, al mismo tiempo, reconoció dos sanciones firmes impuestas al banco en 2017 por la administración de otros fideicomisos.
La Cámara también pone el foco en la conducción de la entidad. El requerimiento pregunta qué hizo el organismo supervisor después de la acusación presentada contra Miguel Ángel Zaldívar y otros directivos en la causa relacionada con Nicolás Leoz. Busca conocer si hubo una revisión extraordinaria, si fueron analizadas las actas del Directorio, las políticas de cumplimiento y las eventuales responsabilidades internas.
Zaldívar ocupa la presidencia de Banco Atlas y es esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color.
El Ministerio Público presentó el 30 de abril una acusación por lavado de dinero contra él y otros procesados y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Los antecedentes relacionados con Nicolás Leoz ocupan una parte importante del cuestionario. Diputados pide identificar quién verificó el cumplimiento de las advertencias formuladas por la Superintendencia de Bancos en 2016 respecto de operaciones fiduciarias vinculadas al entonces presidente de la Conmebol y qué controles posteriores se realizaron.
También busca establecer si esas inspecciones detectaron hechos que posteriormente fueron incorporados a la causa penal.
Pero el cuestionario no se limita al caso Leoz. La resolución incorpora el fideicomiso IPS–Banco Atlas, con operaciones por hasta G. 828.800 millones, y exige conocer la trazabilidad de las instrucciones, los desembolsos y la documentación utilizada para liberar los recursos.
También aparecen Paraqvaria, Matrix, Darío Messer y otros antecedentes que llevan al Congreso a preguntar si existió una revisión integral de la actividad fiduciaria del banco.
El pedido legislativo termina convirtiéndose así en algo más que una lista de consultas aisladas.
Diputados pretende conocer cuántas veces fue inspeccionado Banco Atlas, qué encontraron los supervisores, qué medidas correctivas fueron ordenadas, qué sanciones se aplicaron y qué ocurrió después de cada intervención.
Ahora, el BCP deberá poner fechas, documentos y decisiones detrás de esa historia. Las sanciones de 2017 están reconocidas por el propio regulador y existe actualmente una acusación penal contra miembros de la conducción de Atlas. Lo que pretende establecer el Congreso es si el sistema de supervisión reaccionó oportunamente ante cada una de esas señales o si, durante años, quedaron interrogantes pendientes sobre la actuación del organismo encargado de controlar a la entidad.
