El fin del ciclo del MAS en Bolivia, tras dos décadas en el poder, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que la región lleva medio siglo posponiendo: qué le pasa a la inversión, al empleo y a la estabilidad fiscal de un país cuando el Estado decide reemplazar al mercado. Los números de Venezuela, Cuba, Nicaragua y la propia Bolivia ofrecen una respuesta bastante consistente.
En noviembre de 2025 Bolivia cerró, por la vía electoral, veinte años de gobiernos del MAS. Rodrigo Paz ganó el balotaje con el 55% de los votos, en la primera transferencia de poder de la historia boliviana resuelta en segunda vuelta. No fue un cierre cualquiera: llegó después de que las reservas internacionales netas del país cayeran de 15.122 millones de dólares en 2014 a apenas 1.905 millones en agosto de 2024, con un déficit fiscal proyectado en 9,52% del PIB para 2025 —el undécimo año consecutivo en rojo—, una inflación acumulada de 19,69% entre enero y noviembre de ese año y una contracción del PIB de 2,4% en el primer semestre, la primera recesión técnica del país desde 1986. La escasez de dólares y combustibles llegó a paralizar actividades productivas, mientras el dólar paralelo cotizaba casi tres veces por encima del oficial. Paz asumió con una consigna que, en sí misma, ya es un diagnóstico del modelo saliente: «capitalismo popular», fin del tipo de cambio fijo, recorte de subsidios a combustibles y reducción de la inversión pública.
El espejo venezolano
Bolivia no inaugura nada. Es, en todo caso, el capítulo más reciente de un patrón que Venezuela lleva perfeccionando desde 1999. El PIB venezolano acumuló una caída de entre 75% y 76% entre 2013/14 y 2021, según Focus Economics y el FMI, en un proceso que el propio Fondo declaró hiperinflacionario desde noviembre de 2017. El resultado humano de esa contracción es, según ACNUR y la OEA, el mayor éxodo del hemisferio occidental en cincuenta años: 7,89 millones de migrantes y refugiados venezolanos hasta diciembre de 2024, repartidos principalmente entre Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. En el índice de Libertad Económica de Fraser 2025, Venezuela ocupa el puesto 165 de 165 —el último del mundo—, con un puntaje de 3,11 sobre 10.
Hay un dato que conviene no esconder porque desarma cualquier relato prolijo, en cualquier dirección: sobre el crecimiento venezolano de 2025 hay una discrepancia real y no resuelta entre organismos. La CEPAL proyecta entre 6,0% y 6,5%; el FMI, apenas 0,5%. Esa distancia no es un detalle técnico, es la evidencia de que ni los propios organismos internacionales logran ponerse de acuerdo sobre si Venezuela está «recuperándose» o simplemente rebotando desde un piso devastado. Lo que sí coinciden en describir, con matices, es un mercado laboral donde el desempleo «oficial» (3%, según OIT y Banco Mundial) convive con niveles de informalidad que van del 48% al 70% según la fuente consultada: menos un signo de salud económica que de una economía que expulsó a buena parte de su fuerza laboral hacia la emigración o la inactividad.
Cuba y Nicaragua: el control como política de Estado
Cuba, con sesenta y siete años de planificación centralizada, ocupa el puesto 184 de 185 en el índice Heritage 2026 —el segundo peor del mundo, apenas por delante de Corea del Norte—, con un puntaje de 25,2 sobre 100 frente a un promedio latinoamericano de 57,7. Su PIB cayó cerca de 5% en 2025, acumulando una contracción superior al 15% desde 2020, según cifras recogidas por Infobae. La CEPAL, con una metodología distinta, ubica a Cuba (junto con Haití) entre las dos únicas economías de la región que decrecerán este año, aunque con una cifra menor (-1,5%). Más allá de cuál de las dos mediciones se tome, el diagnóstico de fondo no cambia: un sector privado asfixiado por el control estatal y una eficiencia regulatoria mínima.
Nicaragua ofrece el caso más explícito de cómo se construye, en tiempo real, un ahuyentador de inversión. En diciembre de 2024 el gobierno de Ortega y Murillo se dio, por ley, la facultad de designar y destituir ejecutivos bancarios, supervisar todas las operaciones financieras y eliminar el secreto bancario. Entre 2024 y 2025 aprobó ocho leyes de control regulatorio sobre la empresa privada en apenas tres meses, y en junio de 2025 una nueva ley de inversión extranjera puso en riesgo incluso las inversiones ya establecidas en el país. El resultado es previsible: Nicaragua cae al puesto 126 de 184 en el Heritage 2025, categoría «mayormente no libre». Y sin embargo la CEPAL le proyecta un crecimiento de 3,5% para este año, un contraste que debería llamar la atención de cualquiera que use el crecimiento del PIB como termómetro único de la salud de una economía: se puede crecer mientras se desmantela, al mismo tiempo, la certeza jurídica que necesita cualquier inversor para quedarse.
El precedente chileno
Si hay un caso que funciona como advertencia histórica sobre la velocidad con la que estos procesos pueden descarrilar, es el de la Unidad Popular chilena. Salvador Allende, primer mandatario socialista elegido democráticamente en el mundo, estatizó en apenas dieciocho meses la mayor parte de la banca nacional y extranjera, expropió seis millones de hectáreas bajo reforma agraria y nacionalizó las industrias del cobre, el hierro, el nitrato, el carbón y el cemento. La inflación pasó de 22% en 1971 a 163% en 1972 y a 508% en 1973, de la mano de una masa monetaria que creció más de 200% anual. Hubo desabastecimiento de productos básicos pese a que la producción industrial seguía creciendo, un fenómeno que algunas lecturas atribuyen al sabotaje empresarial y otras a la combinación de precios controlados, emisión descontrolada y presión externa: no hay consenso historiográfico cerrado sobre la causa, y conviene no simplificarlo. Lo que sí es un hecho es que ese gobierno terminó el 11 de septiembre de 1973 con un golpe de Estado. Cincuenta años después, sigue siendo el ejemplo de manual sobre qué tan rápido puede desestabilizarse una economía cuando el Estado intenta reemplazar, de una sola vez, al mercado como asignador de recursos.
Argentina, el caso en tránsito
Argentina permite mirar el fenómeno desde los dos lados del mismo período. Durante el kirchnerismo (2003-2015), la intervención estatal creciente —con los subsidios a tarifas como principal motor del gasto público— llevó a un déficit primario sostenido desde 2012 y a una inflación que llegó a 27,1% en 2008, con oscilaciones posteriores. Bajo la gestión de Javier Milei (2023-2025/26), distintas ediciones del índice de Libertad Económica muestran una mejora sensible, aunque las cifras varían según la fuente y conviene tomarlas con cautela: de la zona del puesto 145 (2024) pasó a la zona 105-125 según la edición y la metodología consultada, partiendo de un piso de apenas 44 puntos en 2015-2016. Es una mejora real, documentada por organismos independientes entre sí, aunque todavía en desarrollo y sin la distancia temporal suficiente para sacar conclusiones definitivas sobre su sostenibilidad.
Paraguay, el contraejemplo que conviene mirar de cerca
En ese mapa regional, Paraguay aparece como una anomalía que vale la pena señalar sin exagerarla. El índice Heritage 2025 le otorga 65,2 puntos y el puesto 59 mundial —»moderadamente libre», por encima del promedio regional y mundial, con una mejora de 5,1 puntos respecto del año anterior, una de las subas más pronunciadas de la región junto con la de Argentina—. El índice Fraser lo ubica en el puesto 60 global, por delante de Brasil, Argentina y Venezuela, aunque todavía detrás de Costa Rica, Chile, Panamá y Perú. El país cerró 2025 con un crecimiento reportado por el Banco Central de entre 6% y 6,6% —el más alto en doce años, según esa segunda cifra—, y la CEPAL lo ubica entre los mejores desempeños regionales del año.
Las fortalezas que reconoce Heritage —baja carga tributaria, apertura comercial, estabilidad fiscal— conviven con debilidades que el propio índice no disimula: alta informalidad laboral, fragilidades en el estado de derecho, en la protección de derechos de propiedad, en la eficacia judicial y en la integridad gubernamental. Es decir: Paraguay no crece porque haya resuelto sus problemas institucionales, crece a pesar de no haberlos resuelto del todo, sosteniendo al mismo tiempo un marco de libertad económica que lo distancia de la trayectoria venezolana, cubana o nicaragüense. Vale aclarar que no existe, en la información disponible, una declaración de alguna autoridad paraguaya que establezca explícitamente esa comparación con el fracaso del socialismo regional; la que sí existe es la de Santiago Peña sobre las reformas internas de su gestión —»no vinimos a administrar lo que ya existe, vinimos a transformar Paraguay», dijo en marzo de 2025 en el marco del paquete de diez leyes presentado al Congreso—, formulada en otro contexto y que no conviene forzar como si fuera una respuesta directa a Caracas o a La Habana.
Lo que queda del patrón
Ninguno de estos países fracasó por decreto ni de un día para el otro. Lo que muestran, en conjunto, es que cuando el Estado concentra la capacidad de fijar precios, controlar el sistema financiero, expropiar activos o legislar contra la inversión extranjera, la consecuencia no es inmediata pero sí acumulativa: cae la inversión porque cae la certeza jurídica, cae el empleo formal porque las empresas dejan de tener incentivos para contratar dentro de las reglas, y la informalidad —lejos de ser un colchón social— termina siendo el síntoma más claro de una economía que expulsó a su propia fuerza laboral del sistema. La estabilidad fiscal, cuando se sacrifica en nombre de la redistribución sin financiamiento genuino, termina pagándose con inflación, devaluación o directamente con la pérdida de reservas, como en Bolivia.
El voto boliviano de noviembre y la mejora paraguaya en los índices internacionales no cierran la discusión ni garantizan nada hacia adelante. Pero sí confirman algo que Venezuela, Cuba y Nicaragua vienen demostrando por la vía negativa: la libertad económica no es un adorno estadístico, es la condición que separa a los países que logran atraer inversión y sostener empleo formal de los que, con estados capaces de decidirlo todo, terminan decidiendo cada vez menos.
