El senador Colym Soroka afirmó ante el pleno que durante años un reducido grupo de actores del sistema financiero habría coordinado, a través de un grupo de WhatsApp, las tasas que ofrecerían para captar los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS). El legislador sostuvo que el acceso a los recursos previsionales requiere importantes requisitos y que no cualquier entidad puede participar de estas operaciones, pero aseguró que habría existido un mecanismo informal mediante el cual “cuatro o cinco poderosos” acordaban previamente cuánto ofertar por el dinero de la previsional.
“Se ponían de acuerdo en un grupo de WhatsApp, un grupo de poderosos, a definir cuánto sería la oferta del día a cargar en el sistema para que sean asignados los fondos de la Previsión Social”, afirmó Soroka, quien planteó la necesidad de revisar los antecedentes de las colocaciones realizadas por el IPS y comparar las tasas históricas, que, según mencionó, durante largos periodos se ubicaron en torno al 5% y 6%.
De acuerdo con el relato del senador, el supuesto esquema habría quedado expuesto cuando una entidad que no formaba parte de ese acuerdo presentó una oferta diferente y terminó accediendo a los recursos. Para Soroka, la irrupción de un competidor que modificó las condiciones habituales evidenció una disputa más profunda por el acceso a los fondos públicos. “A mí me encanta cuando alguien viene y rompe el sistema”, manifestó, antes de agregar: “Ustedes no son los dueños de Paraguay, ustedes no van a decidir a cuánto pagar”.
Sus cuestionamientos no se limitaron a las colocaciones del IPS. Soroka también se refirió al pedido de informes que impulsó ante el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Sudameris Bank, mediante el cual reclama información relacionada con la solvencia de la entidad, la evolución de su cartera de créditos, las previsiones por eventuales pérdidas, los bienes recibidos en concepto de pago de deudas y las condiciones aplicadas durante la absorción de Banco Regional. El pedido incluye además datos sobre grandes exposiciones crediticias y posibles vinculaciones con clientes relevantes.
El senador aclaró que su intención no es que el análisis se concentre exclusivamente en Sudameris, sino que se extienda a todo el sistema financiero. Cuestionó que el Congreso coloque la lupa sobre determinadas entidades mientras otras operaciones permanecen fuera del debate. “¿Por qué se quiere poner la lupa solamente sobre un ente?”, preguntó, para luego insistir: “Si vamos a abrir esto, abramos con todo”.
En ese contexto, recordó antecedentes de otras entidades financieras y mencionó el caso de Banco Unión como un ejemplo de los riesgos que, según sostuvo, pueden surgir cuando intereses políticos y bancarios terminan entrelazándose. A su criterio, cualquier investigación debería comparar las operaciones, autorizaciones y tratamientos regulatorios aplicados a las distintas entidades antes de concentrar responsabilidades en una sola institución.
Soroka también puso el foco en las operaciones crediticias de gran volumen y en el tratamiento que reciben los bienes entregados a los bancos como consecuencia del incumplimiento de deudas. Explicó que busca conocer qué ocurre con esas propiedades y cuál es el impacto de dichos activos sobre los balances de las entidades. En ese marco, mencionó un supuesto arrendamiento de unas 20.000 hectáreas por G. 100 millones de dólares anuales, operación que calificó de llamativa y que, según planteó, debería ser sometida a revisión.
El legislador contrastó este tipo de operaciones con la situación de pequeños productores, respecto de quienes, según afirmó, las entidades financieras actúan con mayor dureza al momento de ejecutar garantías. Sostuvo que debería aplicarse el mismo criterio cuando se trata de grandes empresas, extensas superficies de tierra y operaciones financieras de elevados montos.
Dentro de esta línea de cuestionamientos también mencionó a Frigorífico Concepción, empresa que aparece en el pedido de informes relacionado con Sudameris. El proyecto plantea que el BCP informe sobre la exposición crediticia frente a grandes deudores del sector agroindustrial y determine si la empresa figura como reportada o vinculada a Sudameris, además de precisar si existieron investigaciones relacionadas con eventuales conflictos de intereses.
“¿Cómo quién? Te voy a dar un nombre y apellido: Frigorífico Concepción”, afirmó Soroka al explicar por qué considera necesario profundizar la revisión. El senador vinculó este caso con otros cuestionamientos sobre grandes clientes y operaciones que, según su apreciación, habrían sido sometidos durante años a un nivel de escrutinio menor.
El planteamiento de Soroka apunta, finalmente, a que la revisión alcance tanto a Sudameris como a las colocaciones de los fondos del IPS y a las demás operaciones relevantes del sistema financiero, bajo un mismo criterio de control. “Que se les intervenga a todos por igual”, sostuvo. Para el legislador, el objetivo es determinar si existieron acuerdos entre actores, privilegios, diferencias regulatorias o tratamientos especiales que hayan favorecido a determinados participantes del mercado financiero.
