Europa tiene un problema de inversión. Pero la solución que comienza a dibujarse en Bruselas plantea un problema todavía más grave: el ahorro privado de los ciudadanos está siendo presentado como un recurso que debe ser puesto al servicio de las prioridades económicas y políticas de la Unión Europea.
Ursula von der Leyen lo expresó con claridad al referirse a los 10 billones de euros que los hogares europeos mantienen en cuentas bancarias: Europa necesita “poner estos ahorros a trabajar para sus empresas”. La Comisión pretende movilizar hasta 470.000 millones de euros adicionales mediante su Unión de Ahorros e Inversiones.
La frase debería encender todas las alarmas.
El dinero de los europeos no pertenece a Bruselas. Pertenece a quienes lo ganaron, ahorraron y decidieron conservarlo. No es capital público esperando una orden de destino. Es propiedad privada.
El problema, entonces, no es que Europa quiera facilitar que sus ciudadanos inviertan. El problema es la posibilidad de que Bruselas empiece a utilizar el sistema fiscal y regulatorio para empujarlos hacia las inversiones que considera convenientes.
Y esa posibilidad no es una fantasía. El propio debate sobre el diseño de la estrategia contempla incentivos adicionales para determinadas inversiones consideradas estratégicas, entre ellas la defensa y la transición verde. El economista Juan Ramón Rallo advierte precisamente sobre el riesgo de que la fiscalidad termine utilizándose para dirigir políticamente el ahorro familiar.
Ahí está el verdadero peligro.
Porque el mecanismo no necesita comenzar con una confiscación para convertirse en una forma de intervención sobre la propiedad. Basta con hacer menos atractiva una opción y artificialmente más atractiva otra. Si mantener el dinero seguro en un depósito recibe un tratamiento menos favorable mientras determinadas inversiones seleccionadas por los gobiernos reciben ventajas fiscales, la libertad de elección comienza a quedar condicionada.
Eso no es neutralidad. Es ingeniería financiera desde el poder político.
Bruselas puede decir que no pretende apropiarse directamente de los ahorros. Y formalmente el planteamiento presentado consiste en crear instrumentos para canalizarlos voluntariamente hacia inversiones productivas. Pero precisamente por eso la discusión debe concentrarse en los incentivos que acompañarán ese proceso.
Porque la propiedad privada no se protege únicamente impidiendo que el Estado entre físicamente en una cuenta bancaria. También se protege garantizando que el propietario pueda decidir qué hacer con su dinero sin que el poder político manipule las reglas para conducirlo hacia donde considera conveniente.
Europa pretende resolver su falta de competitividad utilizando el enorme ahorro acumulado por sus ciudadanos. Pero antes debería preguntarse por qué ese capital prefiere quedarse en depósitos o marcharse a otros mercados.
Tal vez la respuesta no sea que los europeos necesitan que Bruselas les enseñe a invertir.
Tal vez el problema sea que Europa se volvió un lugar demasiado caro, demasiado regulado y poco atractivo para invertir.
La respuesta inteligente sería corregir ese problema: menos trabas, mayor productividad, mercados de capitales eficientes, seguridad jurídica y condiciones que hagan que las empresas europeas resulten atractivas por mérito propio.
La respuesta peligrosa es otra: hacer que el Estado utilice impuestos, regulaciones e incentivos para decidir qué sectores deben recibir el dinero de las familias.
Porque hoy son los sectores que Bruselas considera estratégicos. Mañana pueden ser otros.
Y cuando el poder político comienza a decidir qué inversión merece premio y cuál merece castigo, el ciudadano conserva formalmente su dinero, pero empieza a perder algo mucho más importante: la libertad de decidir sobre él.
Europa no necesita que sus burócratas administren el ahorro de sus ciudadanos, necesita que dejen de tratarlo como una bolsa de capital que Bruselas tiene derecho a orientar.
