La investigación que analiza un presunto perjuicio a las arcas municipales de Ciudad del Este sumó un nuevo movimiento procesal. El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para Cinthia Noelia Alen Guerrero, luego de que la procesada admitiera los hechos atribuidos en la causa.
Alen Guerrero es la séptima persona sometida a proceso que reconoce su participación en los hechos investigados. La solicitud fiscal fue presentada después de su declaración indagatoria, instancia en la que expresó su voluntad de acogerse a una salida alternativa.
El requerimiento, identificado con el N.º 66, fue presentado por los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle, quienes además plantearon acortar los plazos procesales para avanzar con la resolución de la situación jurídica de la imputada.
Uno de los aspectos centrales de la investigación gira en torno a M&M Construcciones, empresa en la que Alen Guerrero aparecía formalmente como representante legal. Para el Ministerio Público, sin embargo, los registros tributarios muestran una actividad que no coincide con el perfil de una empresa dedicada a la ejecución de obras.
Los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) indican que la firma no registraba adquisiciones de materiales de construcción, mientras que su actividad efectiva estaría relacionada con tareas contables. Esta circunstancia llevó a los investigadores a considerar que la empresa habría sido utilizada como una estructura formal para operaciones que están bajo análisis.
Entre los hechos examinados figura una contratación realizada en diciembre de 2020 para trabajos en el Pabellón de Trauma del Hospital Regional de Ciudad del Este. La Fiscalía sostiene que el monto desembolsado por la Municipalidad no guardaría correspondencia con las obras que efectivamente fueron ejecutadas.
Un análisis técnico del Laboratorio Forense estableció una diferencia de G. 505.154.095 entre lo abonado y el valor determinado para los trabajos realizados. Dentro del conjunto de operaciones investigadas, el perjuicio calculado por el Ministerio Público alcanza G. 757.166.276.
La admisión de Alen Guerrero y el pedido de una suspensión condicional incorporan así un nuevo elemento a una investigación que busca determinar cómo se estructuraron las contrataciones cuestionadas y el grado de intervención que tuvo cada una de las personas procesadas, en una causa que también alcanza al exintendente Miguel Prieto Vallejos.
