La investigación sobre el presunto esquema de registro de títulos universitarios falsos dio un nuevo paso este lunes con la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público, impulsada tras la conclusión del sumario administrativo realizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La acción fue destacada por el presidente de la comisión especial del Senado que investiga el caso, Patrick Kemper, quien reafirmó el compromiso de avanzar hasta esclarecer todas las responsabilidades.
Durante una conferencia de prensa ofrecida junto al ministro de Educación, Luis Ramírez, se informó que el proceso interno permitió identificar a 13 funcionarios del MEC, entre ellos algunos directores, que habrían intervenido en el registro de 330 títulos universitarios sobre los que existen sospechas de irregularidades.
El titular del MEC explicó además que la auditoría detectó 130.000 acciones irregulares realizadas dentro del sistema informático por 550 usuarios que no contaban con autorización para efectuar ese tipo de operaciones. Aclaró que esa cifra no corresponde a títulos universitarios, sino a movimientos o intervenciones efectuadas en la plataforma utilizada para la inscripción y validación de documentos académicos.
Como resultado de estos hallazgos, el Ministerio formalizó la presentación de todos los antecedentes del sumario ante la Fiscalía, incluyendo informes técnicos y documentación que servirán de base para la investigación penal.
Ramírez informó que actualmente existen 283 personas sometidas a sumario administrativo en el marco de este caso y no descartó que la cantidad de funcionarios involucrados pueda aumentar a medida que avance el análisis de la información recabada.
Por su parte, el senador Patrick Kemper señaló que la comisión especial del Senado continuará profundizando la investigación y aguarda la remisión de informes solicitados al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), así como a varias universidades e institutos superiores vinculados al caso.
El legislador sostuvo que el objetivo es determinar con precisión cómo operó el mecanismo de expedición o registro de títulos presuntamente apócrifos e identificar a todos los responsables, tanto dentro como fuera de las instituciones públicas, fortaleciendo los controles para preservar la credibilidad del sistema de educación superior paraguayo.
