La 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, fue escenario de uno de los intercambios diplomáticos más tensos registrados entre Panamá y la República Popular China desde el establecimiento de relaciones bilaterales en 2017. En el centro de la controversia estuvo una cuestión fundamental para cualquier democracia: el respeto a la separación de poderes y a las decisiones de la justicia.
La tensión afloró durante el Diálogo de los Observadores Permanentes con los jefes de delegación, cuando el observador permanente de China ante la OEA, Xie Feng, cuestionó públicamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia panameña que declaró inconstitucional la renovación de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison.
La respuesta del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, fue inmediata y contundente.
“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”.
Con esa frase, el jefe de la diplomacia panameña dejó claro que las decisiones judiciales en Panamá no están sujetas a la voluntad del Poder Ejecutivo ni a presiones externas, independientemente de la importancia económica o política del actor involucrado.
El origen de la disputa
La controversia tiene su origen en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de enero, mediante el cual se declaró inconstitucional la extensión automática por 25 años de la concesión otorgada a Panama Ports Company para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
China defendió durante la Asamblea la trayectoria de la empresa y sostuvo que la decisión genera incertidumbre para los inversionistas extranjeros. Xie Feng pidió a Panamá proteger los intereses legítimos de las compañías chinas y cuestionó una medida que, según argumentó, afecta a una concesionaria que operó durante décadas sin mayores controversias.
Sin embargo, para las autoridades panameñas el debate trasciende la inversión extranjera y se sitúa en el terreno del respeto al Estado de Derecho.
Martínez-Acha recordó que el fallo fue emitido por un órgano independiente y que el Gobierno no tiene facultades para desconocer ni revertir una decisión adoptada por la máxima instancia judicial del país.
“El fallo de la Corte Suprema fue claro. La renovación de la concesión no cumplió con los requisitos de mi país”, afirmó.
La revelación más delicada
El momento más sensible del intercambio ocurrió cuando el canciller reveló que representantes chinos habían solicitado al Ejecutivo panameño intervenir para revertir la decisión judicial.
“Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecer”
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, insistió en que ningún integrante del Ejecutivo tiene autoridad para modificar una sentencia emitida por la Corte Suprema.
“Ni un miembro del Ejecutivo puede intervenir en decisiones de la Corte. Se lo hice saber”.
Las declaraciones colocaron el foco en un aspecto central del debate: la defensa de la institucionalidad democrática frente a cualquier intento de influir sobre las decisiones de los órganos constitucionales del Estado.
El respaldo del presidente Mulino
La posición del canciller recibió horas después el respaldo explícito del presidente José Raúl Mulino, quien defendió la actuación de su ministro y reafirmó la obligación del Estado panameño de respetar y hacer cumplir las decisiones de sus instituciones.
El apoyo presidencial confirmó que la respuesta dada en la OEA no fue una reacción aislada, sino la expresión de una política de Estado orientada a preservar la independencia de los poderes públicos y la vigencia del orden constitucional.
Más allá de los puertos
La discusión sobre la concesión portuaria se produce además en un contexto de creciente malestar de Panamá por el incremento de inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos.
Durante la inauguración de la Asamblea General, Mulino denunció un aumento “inusual e injustificado” de estas medidas y advirtió que mecanismos técnicos vinculados al derecho marítimo internacional no deben transformarse en instrumentos de presión política.
Las cifras muestran un aumento significativo de detenciones durante los últimos meses, situación que el Gobierno panameño considera preocupante y que ha pasado a formar parte de la agenda bilateral.
Instituciones por encima de las presiones
Pese a las diferencias, Panamá y China mantienen abiertos los canales diplomáticos y ambas partes han manifestado disposición al diálogo. Sin embargo, el episodio vivido en la OEA dejó una señal inequívoca.
Para el Gobierno panameño, ninguna relación bilateral, por importante que sea, puede estar por encima de las decisiones adoptadas por los órganos constitucionales del país. La defensa de la independencia judicial y de la separación de poderes se convirtió así en el eje de una respuesta que trascendió el caso de los puertos y terminó reivindicando uno de los principios esenciales de toda democracia: que los fallos de la justicia se respetan, no se negocian.
