Se decretó el aumento del salario mínimo legal que beneficiará a 2 de cada 10 trabajadores y perjudicando a 8, tomando en cuenta los datos de los aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS).
Las emociones enceguecen la comprensión de la realidad y cuando se cree que se está beneficiando a los trabajadores en realidad se los está perjudicando. Resulta que una minoría de no más de 2 de cada 10 trabajadores tendrán su aumento; pero 8 quedarán sin ese incremento.
El costo laboral en el país imposibilita el ingreso de más personas a la formalidad. No es de extrañarnos que la informalidad sea alta porque precisamente el costo es elevado y todavía más tomando en cuenta los exiguos beneficios de ingresar a la formalidad pagando por jubilación y salud proveídos desde el Instituto de Previsión Social (IPS).
Demasiados pagan doble por lo mismo, disponiendo de su dinero al IPS – porque la fuerza del Estado les exige sin consulta alguna – y también pagan en el sector privado por los mismos servicios.
Se hace necesario y hasta urgente comprender que el salario es un precio por los servicios laborales de acuerdo a la oferta y la demanda que es lo mismo que decir, un acuerdo libre y voluntario entre las partes. Las personas que desean contratar y ser contratadas deben decidir por sí mismas, en libertad, sin coerción alguna.
Por de pronto y hasta tanto se realice una reforma al respecto, el costo laboral y por el bajo nivel de inversión per cápita, el resultado es que con cada incremento del salario mínimo se beneficia a una minoría y se perjudica a la mayoría.
