El caso del accidente fatal que involucró al diputado Mauricio Espínola no solo deja como saldo la muerte de un joven trabajador. También expone una serie de irregularidades, demoras y decisiones cuestionables que hoy alimentan una sospecha cada vez más difícil de disipar: ¿se está investigando con el mismo rigor que en cualquier otro caso?
El siniestro ocurrió el 16 de mayo en una intersección clave del barrio Mburicaó, en Asunción. La víctima, Emilio Benítez Chaparro, un funcionario de la DNIT de apenas 30 años, luchó por su vida durante once días hasta que finalmente falleció el 27 de mayo. Sin embargo, lejos de activar de inmediato todos los mecanismos de investigación, el caso avanzó con una lentitud llamativa.
La propia fiscal del caso, Mercedes Vera, reconoció que las primeras diligencias se iniciaron días después del fallecimiento. Es decir, no tras el accidente, ni durante la internación de la víctima, sino recién cuando el hecho ya había adquirido carácter de homicidio culposo. Para entonces, una parte clave del tiempo procesal —y potencialmente de la evidencia— ya se había perdido.
Pero la demora no es el único elemento que genera preocupación.
El acta policial inicial carece de uno de los componentes más básicos: un relato detallado de los hechos. Se limita a identificar a los involucrados, sin reconstruir cómo ocurrió el impacto. No hay versiones de testigos, no se consignan hipótesis, no se fijan circunstancias. Un vacío que, en cualquier investigación seria, resulta inadmisible.
Más grave aún: no se solicitó en tiempo oportuno el acceso a cámaras de seguridad de la zona, una herramienta fundamental en la reconstrucción de accidentes viales. Ese pedido recién fue realizado días atrás, cuando la posibilidad de recuperar registros útiles podría haberse reducido considerablemente.
En paralelo, la única testigo directa del hecho —una arquitecta que incluso asistió a la víctima en los primeros minutos— no fue convocada a declarar, pese a que sus datos figuran en el acta policial. Su testimonio, que podría aportar claridad sobre la mecánica del accidente y la asistencia brindada, simplemente fue ignorado durante semanas.
A esto se suma una decisión particularmente controvertida: la devolución del vehículo al diputado la misma noche del accidente. En procedimientos habituales, los rodados involucrados en un siniestro con víctimas son retenidos para pericias técnicas que permitan determinar velocidad, puntos de impacto y responsabilidades. Prescindir de ese resguardo implica, como mínimo, debilitar la cadena de evidencia.
El patrón es claro: demoras, omisiones y decisiones que, lejos de fortalecer la investigación, la debilitan.
Y en ese contexto, el dato político no es menor. El principal involucrado es un legislador nacional en funciones. En un país donde la confianza en la justicia ya es frágil, cada irregularidad en un caso de estas características no solo afecta a las partes directamente implicadas, sino que erosiona la credibilidad del sistema en su conjunto.
Porque la justicia no solo debe hacerse. Debe parecer que se hace.
Hoy, esa percepción está en duda.
La investigación sigue abierta, pero el tiempo perdido, la evidencia no resguardada y los testimonios no recogidos a tiempo dejan una sensación incómoda: la de un proceso que no estuvo a la altura desde el primer momento.
Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es solo qué pasó en la calle aquella noche, sino qué está pasando dentro de las instituciones encargadas de esclarecerlo.
