La reciente firma de un acuerdo de cooperación entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO-UNA) y la Universidad de Hangzhou Dianzi, en la República Popular China, reabre un debate que Paraguay no puede seguir evitando: ¿hasta qué punto las instituciones públicas pueden avanzar en vínculos con un país con el que el Estado paraguayo no mantiene relaciones diplomáticas?
La visita de la decana Ada Vera Rojas a la ciudad de Hangzhou no fue un simple intercambio académico. Fue la puerta de entrada a un convenio que incluye enseñanza del idioma chino, intercambio de estudiantes, cooperación científica y programas de formación docente. Es decir, un acuerdo integral que va mucho más allá de lo estrictamente académico.
El problema no es el intercambio cultural en sí. El problema es el contexto.
Paraguay mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, y esa decisión forma parte de una política exterior sostenida durante décadas. En ese marco, avanzar en acuerdos institucionales con universidades chinas —muchas de ellas bajo directa o indirecta influencia del Partido Comunista de China— implica, como mínimo, una contradicción política.
No se trata de un detalle menor ni de una discusión ideológica abstracta. En los últimos años, distintos países han revisado —e incluso cancelado— acuerdos académicos vinculados a estructuras de proyección cultural china, como los Institutos Confucio, debido a cuestionamientos sobre libertad académica, transparencia y posible injerencia política.
El modelo es conocido: bajo la apariencia de cooperación educativa, se promueve la enseñanza del idioma, se financian programas y se consolidan redes institucionales que, con el tiempo, pueden influir en agendas académicas y marcos de discusión.
¿Está preparada la UNA para manejar ese tipo de influencia? ¿Existen mecanismos claros de control, transparencia y autonomía?
Nada de eso fue explicado.
Más aún, el convenio se presenta como un “hito histórico” y una “apertura estratégica”, sin que exista un debate público sobre sus implicancias reales. Porque aquí no está en juego solamente un intercambio de estudiantes o profesores, sino la orientación de una institución pública que forma a futuros profesionales de las ciencias sociales.
Y en ese punto, la preocupación es legítima.
Las ciencias sociales no son neutrales. Son el espacio donde se construyen marcos interpretativos sobre la política, la economía, la cultura y el poder. Introducir en ese ámbito la influencia de un sistema político con claras restricciones a la libertad de expresión no es un dato irrelevante.
Tampoco lo es el hecho de que este tipo de acuerdos suelen venir acompañados de financiamiento, programas y agendas que no siempre son explícitos en su origen o en sus objetivos finales.
Paraguay, como país, ha tomado una decisión soberana en materia de política exterior. Esa decisión implica costos, pero también define una posición clara en el escenario internacional. Cuando una institución pública actúa en sentido contrario, aunque sea bajo la bandera de la cooperación académica, lo que se genera es una zona gris que debilita esa coherencia.
La pregunta de fondo es simple: ¿puede una facultad avanzar en acuerdos de esta magnitud sin considerar el marco geopolítico en el que se inscribe el país?
Porque cuando la academia se desconecta de la realidad política, el riesgo no es solo la ingenuidad. Es la pérdida de criterio.
Y en un mundo donde la influencia internacional ya no se ejerce únicamente con embajadas, sino también con convenios, financiamiento y presencia cultural, ignorar ese dato es, cuanto menos, una forma de irresponsabilidad.
El acuerdo ya está firmado. Pero el debate, todavía pendiente, recién comienza.
