La política moderna tiene un problema cada vez más evidente: muchos pretenden hablar en nombre de la ética mientras conviven cómodamente con estructuras, gobiernos y figuras profundamente cuestionadas por corrupción, autoritarismo o incluso vínculos con el crimen organizado.
Y tarde o temprano, la realidad termina alcanzando a todos.
En América Latina ya no alcanza con proclamarse “demócrata”, “progresista” o “defensor de derechos”. La verdadera prueba está en las compañías que se eligen, en los espacios políticos que se integran y en los silencios que se sostienen cuando conviene.
En las últimas semanas volvió a sacudir el escenario regional la información relacionada con Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los principales líderes de Los Chapitos, estructura del Cártel de Sinaloa. Guzmán se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos como parte de un acuerdo de cooperación judicial.
En paralelo, se conoció información brindada por Guzmán, que vincula al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al exministro José Serrano con operaciones del narcotráfico abriendo un debate mucho más profundo y completamente válido: el de las afinidades políticas y morales.
Rafael Correa no es una figura neutral dentro de América Latina. El exmandatario ecuatoriano está prófugo tras haber sido condenado por corrupción en el caso Sobornos 2012-2016, proceso rechazado por sus seguidores pero ratificado por la justicia ecuatoriana. Su espacio político forma parte además del llamado Grupo de Puebla, una articulación regional de dirigentes de izquierda que constantemente se presenta como reserva moral y democrática del continente.
Sin embargo, dentro de ese mismo espacio conviven figuras cercanas al régimen venezolano de Nicolás Maduro, señalado internacionalmente por persecución política, destrucción institucional y graves denuncias de violaciones a derechos humanos.
Y es allí donde aparece la contradicción que muchos ciudadanos comienzan a observar con creciente incomodidad.
En Paraguay, dirigentes como la diputada Johanna Ortega mantienen cercanía política e ideológica con estos sectores regionales. Ortega incluso participó en espacios mediáticos impulsados por Rafael Correa y en reiteradas ocasiones expresó admiración pública hacia el exmandatario ecuatoriano.
Lo mismo ocurre con otros referentes opositores que constantemente intentan ubicarse como custodios exclusivos de la moral pública mientras mantienen afinidad política con gobiernos hoy profundamente desgastados por escándalos y cuestionamientos.
El caso del gobierno español de Pedro Sánchez es otro ejemplo visible. Acorralado por investigaciones, denuncias y sospechas que golpean a figuras de su entorno político y familiar, el oficialismo socialista atraviesa uno de sus momentos más delicados. Aun así, referentes de la izquierda paraguaya como los senadores Ever Villalba, Esperanza Martínez o Rafael Filizzola continúan exhibiendo cercanía política e ideológica con ese espacio.
Y allí surge una pregunta inevitable.
¿Se puede construir un discurso moral mientras se relativiza permanentemente la corrupción cuando proviene de aliados ideológicos?
Porque la incoherencia termina erosionando cualquier autoridad ética.
No se trata solamente de delitos. Se trata de tolerancia selectiva. De indignarse con algunos y justificar a otros. De denunciar corrupción local mientras se romantiza a líderes regionales cuestionados por autoritarismo, persecución institucional, violación de los derechos humanos o vínculos oscuros.
La ciudadanía latinoamericana comienza a cansarse de esa doble vara.
Hoy las redes sociales y la memoria digital hacen imposible escapar del propio archivo. Las fotos, los elogios, las alianzas y las afinidades reaparecen constantemente. Y cuando alguien pretende convertirse en referente moral, inevitablemente queda expuesto a sus propias contradicciones.
La vieja frase sigue teniendo vigencia absoluta: dime con quién andas y te diré quién eres.
Porque en política, las compañías nunca son casuales.
