Lo que comenzó como una versión sin sustento en redes sociales terminó escalando a niveles preocupantes: el juez Penal de Garantías Huberto Otazú denunció públicamente ser víctima de una maniobra de “terrorismo mediático”, en lo que aparece cada vez más como un intento deliberado de desacreditar a uno de los magistrados que tiene en sus manos causas de alto impacto económico y político.
El detonante de esta operación es tan endeble como alarmante. A partir de un video difundido en plataformas digitales —en el que se observa a un hombre junto a una mujer ingresando a un elevador en México—, comenzó a instalarse la versión de que el sujeto tendría un “parecido” con el juez paraguayo. Sin confirmación oficial de ninguna autoridad mexicana, sin pruebas, sin datos verificables, la insinuación fue suficiente para que se intente vincularlo con un caso de homicidio ocurrido en la alcaldía Benito Juárez.
La gravedad del hecho no radica solo en la falsedad de la acusación, sino en el mecanismo utilizado: instalar sospechas a partir de coincidencias físicas y amplificarlas hasta convertirlas en una supuesta noticia. Un método que busca erosionar reputaciones sin necesidad de evidencia, apelando al impacto emocional antes que a la verdad.
El propio Otazú salió al paso de estas versiones y las desmintió de manera categórica, señalando que basta con revisar los registros oficiales del sistema judicial paraguayo (Judisoft) para verificar su actividad y ubicación. Sin embargo, el daño reputacional que este tipo de operaciones intenta generar no se revierte con la misma velocidad con la que se difunde la mentira.
El magistrado fue más allá y advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una maniobra que podría estar vinculada a la relevancia de las causas que tiene a su cargo, como por ejemplo la causa “Conmebol – Banco Atlas”, uno de los expedientes de mayor exposición mediática y peso económico en la actualidad.
Que un juez de la República tenga que salir a defenderse de acusaciones basadas en simples parecidos físicos debería encender alarmas. No solo por el impacto individual, sino por lo que implica para el sistema judicial en su conjunto: si se normaliza el uso de campañas mediáticas para condicionar o intimidar a magistrados, se debilita uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Otazú ya puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia esta situación, aunque evitó profundizar en detalles por razones de seguridad. Un dato que, lejos de tranquilizar, refuerza la dimensión del problema.
En tiempos donde la información circula sin filtros y las redes amplifican cualquier versión, la responsabilidad no puede quedar en segundo plano. Porque cuando la mentira se convierte en herramienta política o económica, ya no se trata de un error: se trata de una estrategia. Y como tal, merece ser expuesta.
