En lo que ya es considerado como una de las acciones más relevantes de su actual gestión, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), bajo la presidencia de Francisco Ruiz Díaz, logró la resolución de un conflicto histórico por la tenencia de tierras que afectaba a unas 500 familias en el distrito de Aba’í, departamento de Caazapá.
El caso, que llevaba casi una década sin solución, tuvo su origen en el año 2015, durante la administración de Justo Cárdenas. En ese entonces, se introdujo a unas 60 familias sin tierra dentro de una propiedad de aproximadamente 2.000 hectáreas que ya estaba ocupada por pobladores originales, generando una superposición de derechos y una reducción del espacio disponible para quienes habitaban el lugar desde hacía décadas.
Las familias afectadas —paraguayas, descendientes de inmigrantes europeos y latinoamericanos que se asentaron en la zona en la década de 1970— vieron comprometida su estabilidad y seguridad jurídica, en un conflicto que con el paso de los años fue escalando en tensión.
Según el informe del grupo de mediación que intervino en el proceso, “el 100% de la ocupación era correcta”, confirmando la legitimidad de los pobladores originales, cuyo principal reclamo siempre fue la titulación de sus tierras.
La resolución fue posible gracias a la articulación entre el INDERT y un grupo mediador extra-institucional, integrado por referentes sociales y espirituales con experiencia en conflictos agrarios, entre ellos el Pa’i Pascual Kinoti, vinculado al histórico caso de Marina Cué. Su participación permitió canalizar el diálogo con sectores del Movimiento Campesino Paraguayo y encauzar una salida pacífica.
El conflicto había alcanzado un nivel crítico, con riesgo real de derivar en un estallido social o incluso en un enfrentamiento armado, similar a episodios trágicos del pasado reciente. Sin embargo, la intervención oportuna evitó una escalada de violencia.
Como resultado del proceso, actualmente solo permanecen unas 10 de las familias introducidas en 2015, mientras que el resto se retiró o llegó a acuerdos alternativos, como la obtención de lotes urbanos y viviendas.
Desde el INDERT, encabezado por Francisco Ruiz Díaz, destacan que este caso marca un precedente clave en la resolución de conflictos de tierra en Paraguay, no solo por destrabar una situación histórica, sino por hacerlo mediante el diálogo, la mediación y el reconocimiento de derechos, abriendo paso a la tan esperada titulación para cientos de familias campesinas.
