Un material por el programa «La Caja Negra» expone un presunto esquema de perjuicio patrimonial contra el Instituto de Previsión Social (IPS) vinculado a un acuerdo firmado con el Banco Atlas en el año 2017. La denuncia apunta a supuestas condiciones contractuales altamente desventajosas para la previsional y a un manejo irregular de fondos originalmente destinados a infraestructura hospitalaria.
De acuerdo con el análisis presentado en la investigación, el contrato fue calificado como un “contrato leonino”, término utilizado en el ámbito jurídico para describir acuerdos en los que una de las partes obtiene beneficios desproporcionados en detrimento de la otra. Según lo expuesto, el Banco Atlas habría obtenido el control total de los aportes de salud de los asegurados del IPS, administrando el 100 % de estos recursos.
El esquema financiero denunciado establece que el banco retiene los fondos durante 30 días cada mes, lo que le permite operar con una liquidez privilegiada. Además, bajo el modelo acordado, la entidad bancaria debe mantener una reserva de hasta G. 160.000 millones, devolviendo únicamente el excedente al IPS, lo que —según la investigación— otorga ventajas financieras significativas al banco.
Otro de los puntos cuestionados es que el banco habría operado con riesgo prácticamente nulo, ya que la estructura del acuerdo se financiaría con los propios recursos del Instituto de Previsión Social. La investigación sostiene que el banco tendría garantizada la disponibilidad de estos fondos durante un periodo de hasta 30 años, mientras que los gastos vinculados al contrato se cubrirían con dinero de la propia previsional.
Uno de los aspectos más graves señalados en la denuncia se relaciona con el destino final de los recursos. El contrato fue concebido originalmente para financiar la construcción de cuatro hospitales, sin embargo, el informe sostiene que solo el 26 % del dinero se destinó a los proyectos previstos, mientras que el 74 % restante fue utilizado en obras no contempladas inicialmente.
Las irregularidades detectadas no solo quedaron en el ámbito mediático. Según el informe, auditorías externas identificaron graves inconsistencias en la ejecución del contrato y en la administración de los recursos. A partir de estos hallazgos, el IPS habría formalizado cuatro denuncias penales para investigar el presunto acuerdo irregular.
El caso gira en torno a un contrato firmado en 2017 con una vigencia proyectada de tres décadas y que involucra recursos provenientes de los aportes de millones de asegurados. Para los denunciantes, la posible desviación de fondos habría afectado directamente el desarrollo de la infraestructura sanitaria prometida, particularmente la construcción de los hospitales originalmente anunciados para fortalecer el sistema de salud del IPS.
