El Departamento de Transporte del Reino Unido destinó 600.000 libras para financiar un programa de rastreo masivo de datos móviles que se extendió durante dos años y alcanzó a 25 millones de ciudadanos. El contrato fue suscrito con la operadora O2 y tuvo como único criterio de inclusión que los usuarios hubieran visitado alguna página web relacionada con vehículos eléctricos.
Según trascendió, el seguimiento se realizó sin orden judicial y sin que mediara sospecha de delito alguno. El objetivo oficial era analizar patrones de movilidad y comportamiento vinculados al uso y la carga de vehículos eléctricos, en el marco de las políticas públicas de transición energética.
Sin embargo, el alcance del programa generó fuertes cuestionamientos. Críticos de la iniciativa lo calificaron como un intento de construir un “Estado de vigilancia encubierto”, al considerar desproporcionado el monitoreo de millones de personas por el simple hecho de haber consultado contenido online sobre una temática específica.
La controversia se amplificó al conocerse que no solo fueron incluidos clientes directos de O2, sino también usuarios de otras compañías que operan bajo su red, como Tesco Mobile, GiffGaff y Virgin Mobile. Ninguno de los afectados habría sido informado de que sus datos estaban siendo comercializados al gobierno para este fin.
Lo más llamativo del caso es la razón por la cual el programa fue finalmente cancelado. No se trató de un replanteamiento ético ni de un cuestionamiento jurídico. El propio Departamento de Transporte admitió que la información obtenida no resultaba útil para determinar patrones de carga ni tiempos de viaje, lo que tornaba ineficaz el sistema de seguimiento.
En otras palabras, la vigilancia masiva no se detuvo por considerarse injusta o invasiva, sino porque fue evaluada como inservible desde el punto de vista técnico. El episodio reabre el debate sobre los límites entre políticas públicas, uso de datos personales y el derecho a la privacidad en la era digital.
