Una auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) destapó serias irregularidades en una operación fiduciaria gestionada a través del Banco Atlas que habría puesto en riesgo cerca de G. 900.000 millones, equivalentes a más de USD 142 millones, provenientes del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.
Los recursos fueron canalizados mediante un fideicomiso de titularización que, en los papeles, tenía como objetivo financiar cuatro obras sanitarias en inmuebles del IPS: la culminación del Hospital Ingavi, la construcción de una Policlínica, un Hospital Día y un Hospital Hemato-Oncológico.
No obstante, el informe de auditoría revela que las obras se encuentran inconclusas: tres de ellas no superan el 50 % de ejecución y la cuarta ni siquiera fue iniciada. A la par, se detectaron indicios de que parte de los fondos habría sido utilizada para fines ajenos al objeto del contrato, como el pago de salarios y el mantenimiento de edificios administrativos.
El documento también apunta a graves falencias en el rol de la entidad bancaria, señalando la falta de garantías suficientes, desembolsos realizados con firmas no autorizadas y la omisión de comunicaciones obligatorias que debían ser remitidas a la Superintendencia de Bancos.
Ante un presunto descalce financiero y la posibilidad de un perjuicio millonario a los haberes de los jubilados, el IPS presentó en febrero de 2024 una denuncia formal ante el Ministerio Público y remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República. Paralelamente, el Congreso Nacional requirió toda la documentación para su evaluación.
El esquema cuestionado incluía la emisión de títulos adquiridos por el Fondo de Jubilaciones por un total de G. 828.000 millones, así como el depósito de la recaudación en el banco Atlas. La auditoría pone especial énfasis en la ambigua cláusula referida a “otros centros hospitalarios” y advierte que el Hospital Hemato-Oncológico sigue paralizado, con una brecha estimada en G. 200.000 millones.
