El Gobierno italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, presentó ante la Cámara de los Diputados un proyecto de ley que prohibiría el uso del velo integral islámico —como el burka o el niqab— en espacios públicos, incluyendo escuelas, oficinas, universidades y establecimientos comerciales.
La iniciativa, promovida por el partido Fratelli d’Italia (FdI), también busca reforzar el control de la financiación de las mezquitas y endurecer sanciones contra matrimonios forzados.
Principales medidas del proyecto
- Prohibición del uso del rostro cubierto: El artículo quinto del proyecto establece que quedan prohibidos “prendas que cubran el rostro, mascarillas o cualquier otro medio que impida el reconocimiento personal” en lugares públicos, centros educativos, oficinas o comercios. Las sanciones previstas abarcan multas entre 300 y 3.000 euros.
- Control de fondos religiosos: Todo aporte extranjero a lugares de culto deberá ser reportado al Ministerio del Interior, con el fin de garantizar transparencia en el origen de los fondos.
- Endurecimiento del Código Penal: Se propone una reforma del artículo 558 para aumentar penas por inducir a matrimonio mediante engaño o coacción, castigando con entre cuatro y diez años de prisión a quienes obliguen a otro a casarse bajo presión religiosa o vulnerabilidad.
- Justificación ideológica: La diputada Sara Kelany y otros impulsores explican que la norma busca “contrarrestar la creación de enclaves o contrasociedades donde se aplica la ley islámica (sharia)” y que se vulnera el orden jurídico italiano.
Contexto y antecedentes
Aunque hasta ahora Italia no cuenta con una legislación específica que prohíba el velo integral, desde 1975 existe la Ley 152 que regula el uso de prendas que impidan identificar a una persona en espacios públicos salvo causas justificadas. En la práctica, esa norma ha servido como base legal para restricciones limitadas.
Este tipo de iniciativas no son novedosas en el panorama político italiano: el partido aliado de Meloni, la Liga, ya había presentado propuestas similares al inicio de este año, enfocándose en defender la “dignidad de la mujer” y mantener el orden público.
Con esta propuesta, Meloni reafirma su apuesta por una visión identitaria y de defensa de los “valores occidentales” frente al avance del islamismo radical, una cuestión que se ha vuelto cada vez más central en los debates europeos.
