El 21 de septiembre de 2025, el gobierno del laborista Keir Starmer anunció oficialmente el reconocimiento del «Estado Palestino», en lo que se presentó como un gesto diplomático para revitalizar la solución de los dos Estados en Medio Oriente. Sin embargo, la decisión no tardó en generar un intenso debate en el Reino Unido y a nivel internacional: algunos juristas y medios advierten que este paso podría abrir la puerta a demandas millonarias por reparaciones históricas, con cálculos que, en escenarios extremos, rondan los dos billones de libras esterlinas.
La raíz de la polémica está en el papel que desempeñó el Reino Unido durante el Mandato de Palestina entre 1917 y 1948. Organizaciones palestinas ya han presentado peticiones judiciales argumentando que la administración británica de la época incurrió en violaciones al derecho internacional, lo que habría contribuido al conflicto actual. Para esos sectores, el reconocimiento formal de Palestina podría ser utilizado como un elemento que legitime nuevas reclamaciones ante cortes internacionales o incluso ante tribunales británicos.
Aunque no existe todavía una sentencia ni un mecanismo claro que obligue al Reino Unido a pagar reparaciones de semejante magnitud, el solo planteamiento genera inquietud. En medios como GB News se planteó que el monto de posibles compensaciones podría ascender hasta los dos billones, una cifra que, de materializarse, tendría un impacto fiscal colosal.
En el plano político, la controversia se suma a las tensiones internas que ya enfrenta el gobierno de Starmer. Mientras sectores progresistas celebran el reconocimiento como un paso histórico hacia la paz, voces críticas lo ven como una maniobra simbólica con costos potenciales demasiado altos. Para los opositores, más allá del gesto diplomático, el Reino Unido podría haber abierto una caja de Pandora cuyas consecuencias económicas y legales aún son imposibles de calcular.
