Desde el inicio de la intervención se realizaron 220 requerimientos documentales clave para esclarecer las denuncias sobre el funcionamiento administrativo y financiero de la Municipalidad. A la fecha, solo fueron entregados 160 documentos (72,7%), mientras que 60 documentos (27,3%) permanecen sin respuesta. Más grave aún: varios respaldos que deberían estar disponibles conforme a las normativas de la administración pública no se encuentran en las dependencias correspondientes, según reconocieron los propios responsables de área.
El interventor fue claro al señalar que esto no se trata de simples omisiones, sino de una conducta sistemática de desorden institucional que compromete la trazabilidad de los recursos municipales. No obstante, garantizó que esta situación no frenará el avance del proceso de intervención, que se lleva adelante bajo mandato constitucional.
Primeros resultados de intervención: salarios regularizados, control institucional y adjudicaciones llamativas
En el plano operativo, uno de los primeros logros fue la regularización del pago de salarios. Al momento de la intervención, solo el 40% de los funcionarios municipales había cobrado el salario de mayo. Hoy, el 99% ya recibió su salario, alcanzando una carga salarial total de G. 8.790 millones para 1.341 trabajadores.
También se reactivó el seguro médico y se introdujeron ajustes mínimos en las direcciones municipales para garantizar la operatividad institucional. Todos los cargos de dirección quedaron bajo evaluación periódica de desempeño, conforme a estándares de gestión pública.
En cuanto a la gestión de personal, se estableció por primera vez la marcación obligatoria mediante relojes biométricos, medida que apunta a mejorar el control de asistencia y transparencia en el uso de los recursos humanos. Además, se normalizó el proceso de renovación de contratos, que venía retrasado por falta de gestión y cambios de firmantes.
Uno de los datos que más llama la atención es el volumen inusual de contratos adjudicados poco antes de la intervención. Solo entre el 27 de mayo y el 18 de junio, se adjudicaron contratos por más de G. 30.257 millones, en apenas 18 días. Al cierre del primer semestre de 2025, el monto total adjudicado ascendió a G. 30.776 millones, duplicando lo ejecutado en el mismo periodo del 2024 (G. 16.470 millones) y cuadruplicando lo adjudicado en 2023 (G. 7.038 millones) y 2022 (G. 7.355 millones).
Estos contratos no son plurianuales, por lo que deberán ejecutarse en su totalidad dentro del presente ejercicio fiscal. Además, ya se realizaron pagos anticipados por más de G. 4.100 millones. Ante esta situación, el interventor anunció que se abrirán investigaciones para esclarecer quiénes fueron los proveedores beneficiados, qué urgencia justificó estas adjudicaciones aceleradas y si existen vínculos con funcionarios de la administración anterior.
“La transparencia no es una opción, es una obligación. Vamos a seguir informando permanentemente a la ciudadanía, porque creemos en un diálogo sincero y frontal con los pobladores de esta hermosa y pujante Ciudad del Este”, concluyó el interventor Ramírez.
