Una vez más, el sistema financiero nacional exhibe su peor cara: la indiferencia. En este caso, el protagonista es Banco Familiar, cuya atención al cliente dista mucho de lo que promete su eslogan de cercanía.
Una clienta embarazada acudió a una sucursal esperando el trato prioritario que por ley le corresponde. Sin embargo, fue ignorada sin el menor atisbo de consideración por su estado. Esta no fue la única falla. La situación se agrava cuando la entidad decide no informar que su tarjeta bancaria ya estaba disponible, a pesar de haber solicitado el envío a domicilio.
La consecuencia fue absurda y abusiva: como la tarjeta no fue retirada (por la simple razón de que nunca fue notificada de su disponibilidad) el banco procedió a destruirla sin previo aviso. Pero el colmo llega cuando, con total desparpajo, pretenden cobrarle nuevamente por emitir una tarjeta que jamás llegó a sus manos.
Este caso refleja una preocupante práctica que no es aislada: el desprecio por el usuario bancario como persona. Ni el embarazo, ni la buena fe, ni la lógica parecen tener cabida en la estructura burocrática y mercantilista de Banco Familiar.
La Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO) debería intervenir de oficio ante este tipo de abusos, que vulneran los derechos de los ciudadanos frente a una entidad financiera que olvida que su función principal no es castigar, sino servir.
Porque si el sistema bancario castiga al cliente incluso cuando el error es institucional, ¿qué defensa queda para el ciudadano común?
