La fiscala Belinda Bobadilla está en el ojo de la tormenta de uno de los mayores escándalos judiciales de Paraguay: la «Mafia de los Pagarés»; pero no precisamente por su buen desempeño. Este caso, que ha destapado una red de corrupción donde funcionarios judiciales, abogados y usureros habrían utilizado pagarés para abusar de personas con vulnerabilidad financiera, ha mostrado las profundas grietas del sistema judicial paraguayo. Mientras Bobadilla lidera una investigación que promete limpiar el Poder Judicial, su propia conducta sugiere un doble criterio que pone hace cuestionar su imparcialidad y arroja sombras sobre su gestión. Analicemos los hechos con ojo crítico, pero objetivo.
El caso de la «Mafia de los Pagarés», identificado como la causa No. 2026/2024 de la Fiscalía de Delitos Económicos, puede describirse como un esquema judicial abusivo que explota las acciones judiciales ejecutivas para abusar contra ciudadanos vulnerables. Según el informe Latinobarómetro 2024, solo un 28% de los paraguayos confía en el Poder Judicial, y este escándalo no hace más que confirmar por qué: ujieres, actuarios y funcionarios judiciales han sido señalados por llevar un estilo de vida ostentoso: viajes de lujo, vehículos de alta gama, que no corresponden a sus ingresos, mientras las víctimas luchan por obtener justicia. En este contexto, Belinda Bobadilla, fiscal de la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción, ha tomado las riendas de la investigación, agregando masivamente expedientes e imputando a decenas de operadores de justicia, desde jueces hasta abogados.
A primera vista, Belinda Bobadilla parece ser una fiscala decidida a erradicar la corrupción. Sin embargo, un análisis más profundo, como el que presenta Héctor Alegre en su hilo de X del 23 de mayo de 2025, revela graves cuestionamientos a su proceder. Alegre, quien suele ser duro en sus críticas pero que habla con fundamentos, señala que Belinda Bobadilla no solo es fiscala, sino también vicepresidente primera de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, un cargo al que accedió tras un intenso proselitismo gremial. Este doble rol ya genera sospechas, pero la situación se agrava cuando se descubre que la propia Asociación de Fiscales, de la cual Bobadilla es directiva, aparece en la lista de juicios vinculados a la «Mafia de los Pagarés». ¿Conflicto de intereses? El Código Procesal Penal, en su Artículo 54, exige objetividad a los fiscales, pero aquí la objetividad parece brillar por su ausencia, siendo ella investigadora de las causas en donde la asociación de la que es directiva es parte involucrada.
La crítica se agrava con la revelación de que Bobadilla imputó a diestra y siniestra, «hasta al que servía el café», como dice Alegre, pero dejó fuera a ciertos personajes clave, como el Dr. Francisco Chena, abogado de la Asociación de Fiscales y con expedientes en el inventario de la investigación. A diferencia de otros colegas, Chena no fue imputado. ¿Casualidad o favoritismo? La objetividad, que Bobadilla debería encarnar como fiscal, parece desvanecerse ante estos hechos. Si la misión de Belinda es limpiar el sistema judicial, ¿por qué proteger a algunos mientras persigue a otros con mano de hierro?
El colmo de la hipocresía llega con la publicación de Cuarto Poder Py, también en X, que expone una contradicción flagrante en la conducta de Bobadilla. La fiscala imputó a funcionarios judiciales por «instigación al prevaricato» basándose en fotos donde se les veía jugando fútbol juntos, argumentando que esas relaciones sociales comprometían su imparcialidad. Sin embargo, la misma Bobadilla aparece en imágenes (que luego fueron borradas) compartiendo momentos de confraternidad con el juez de garantías Rodrigo Estigarribia, quien está encargado del control jurisdiccional de la investigación. Fue el juez Estigarribia quien otorgó a Belinda Bobadilla un mandamiento de allanamiento sumamente amplio el 27 de enero de 2025, permitiéndole incautar documentos judiciales casi sin limitaciones. Si las fotos de otros son prueba de supuesto prevaricato, ¿qué son entonces las de Bobadilla con Estigarribia? La fiscala parece aplicar un criterio para los demás y otro muy diferente para ella misma.
No se puede negar que la «Mafia de los Pagarés» es un problema real y que las víctimas merecen justicia. Las imputaciones masivas de Bobadilla, que incluyen a 63 personas entre magistrados, funcionarios y abogados, según reportes de ABC Color, podrían ser un paso hacia una solución de fondo. Pero cuando la fiscala al frente del caso está envuelta en conflictos de interés y doble criterio, la credibilidad de la investigación se desmorona. Si Bobadilla quiere ser tomada en serio debería empezar por mirarse al espejo: no se puede combatir la corrupción con prácticas que con tufo a amiguismo e intereses creados.
El pueblo paraguayo, decepcionado con un sistema judicial que parece diseñado para proteger a los poderosos, merece más que una fiscala que juega a dos puntas. La «Mafia de los Pagarés» no es solo un fracaso del Poder Judicial, como señala un editorial de Última Hora, sino también un recordatorio de que quienes dicen luchar contra la corrupción deben hacerlo con las manos limpias y criterios objetivos. Hasta que Bobadilla no aclare estas contradicciones y demuestre una verdadera imparcialidad, su mediática lucha contra la corrupción no será más que un espectáculo de hipocresía. La justicia, va a llegar alguna vez, debe ser ciega, no selectiva.
