Mientras el Ministerio Público avanza con la megacausa conocida como la “Mafia de los Pagarés”, cada nuevo dato que sale a la luz deja al descubierto un fenómeno inquietante: la justicia parece estar apuntando con gran puntería… pero no necesariamente a los responsables principales.
La imputación de 69 personas, entre jueces, funcionarios judiciales y abogados, fue presentada como una respuesta contundente ante las denuncias por cobros irregulares, pagarés en blanco y abusos contra deudores. Sin embargo, al revisar la lista, llama la atención la inclusión de personas con participación secundaria o incluso nula, que simplemente tuvieron expedientes en los juzgados allanados.
Pero lo más preocupante no es la presencia de estos actores menores, sino la ausencia de los nombres verdaderamente pesados del circuito financiero informal. Quienes llevan años lucrando con créditos usureros, cobranzas ilegítimas y maniobras agresivas contra trabajadores humildes, no figuran entre los procesados. Para muchos, no es casualidad.
Abogados que siguen el caso sostienen que los grandes prestamistas lograron mantenerse al margen, quizás por sus vínculos con sectores influyentes del poder político, judicial e incluso mediático. “Hay empresarios que lloran en público por las víctimas, mientras se beneficiaban con el dinero embargado a maestras y enfermeras. Son los mismos que hoy no aparecen ni en los márgenes del expediente”, advirtió uno de los letrados que pidió reserva de identidad.
El operativo de la fiscalía, si bien amplio, parece haber dejado intacta la cúpula del negocio. Como si el árbol se podara por las ramas, mientras el tronco continúa creciendo. Si no se investigan y procesan a quienes realmente diseñaron y sostuvieron este esquema durante años, todo terminará siendo una farsa bien maquillada.
