El caso conocido como la “Mafia de los Pagarés” destapó una red de corrupción que operaba dentro del sistema judicial paraguayo, donde abogados en complicidad con ujieres y jueces de paz ejecutaban cobros ilegítimos de deudas. Entre los mecanismos más frecuentes se encuentran el múltiple cobro de deudas ya saldadas, el sobreendeudamiento más allá de la capacidad de pago, y la exigencia de firma de pagarés en blanco para acceder a créditos o incluso para firmar contratos laborales, que luego eran ejecutados judicialmente.
No hay dudas de que estos abusos existieron y deben ser investigados y sancionados. Sin embargo, también es cierto que el escándalo ha abierto una puerta peligrosa: muchas personas están viendo en esta situación una excusa para no pagar deudas legítimas, escudándose en el discurso de que todo juicio basado en un pagaré es automáticamente ilegítimo. Esta generalización es no solo temeraria, sino también riesgosa para los propios deudores, ya que esas deudas, si son válidas, tarde o temprano deberán ser saldadas con intereses punitorios acumulados.
En este contexto, el abogado Alejandro Díaz Arce ofreció una mirada más profunda durante una entrevista con Héctor Alegre, recordando que no todos los profesionales que accionaron judicialmente son parte del esquema fraudulento:
“En este caso de la ‘Mafia de los Pagarés’, también son víctimas los profesionales que están reclamando el pago de deudas que no han sido abonadas a pesar de haber sido adquiridas voluntariamente por los usuarios de créditos y los empresarios legítimos que reclaman el cobro de esas deudas”.
Díaz Arce alertó sobre el mal asesoramiento que están recibiendo muchos deudores, a quienes se les hace creer que no deben pagar sus obligaciones debido a que los procesos están supuestamente paralizados.
“Porque total todo está parado ahora”, relató que es una frase que se repite. Sin embargo, aclaró que los ministros de la Corte Suprema ya se expresaron sobre este punto, señalando que, de acuerdo con la ley procesal civil y el código civil, las personas con una condena de pago deben cumplirla, y que mientras tanto se acumulan intereses moratorios y punitorios.
Finalmente, Díaz Arce hizo un llamado a no caer en la trampa del populismo judicial:
“Ahora, hay que ser claros, nosotros tenemos que someternos a la autoridad de la ley y no caer en el engaño de ciertos abogados o políticos que quieren pasar por encima de la autoridad de la ley. Nosotros tenemos que cumplir con lo que determina la Constitución y todas las leyes complementarias y de esa manera se garantiza el acceso a justicia, de esa manera tenemos Estado de Derecho”.
El caso de la “Mafia de los Pagarés” debe servir para limpiar el sistema, no para dinamitarlo. Si se pone en duda toda la legalidad del reclamo de deudas, se corre el riesgo de pasar del abuso judicial a la anarquía financiera.
