En una decisión que ha generado indignación, legisladores de California vetaron una propuesta que buscaba tipificar como delito grave la compra de servicios sexuales a jóvenes de 16 y 17 años. La medida, impulsada por la asambleísta demócrata Maggy Krell, pretendía extender las protecciones ya vigentes para menores de 16 años a todos los adolescentes, pero fue desmantelada en comité por presión de sus propios correligionarios.
El proyecto original del AB 379 proponía que cualquier adulto que pagara por sexo con un menor de edad —aunque tuviera 17 años y 364 días— enfrentara cargos de felonía. Sin embargo, legisladores demócratas en un comité clave forzaron la eliminación de esa cláusula bajo argumentos difusos, priorizando cuestiones ideológicas y políticas antes que la integridad de los adolescentes.
Esta decisión no solo deja un vacío legal alarmante, sino que también expone la hipocresía de un sistema que, mientras se llena la boca hablando de los derechos de los niños, se niega a brindar herramientas reales para combatir su explotación. En un estado que se autoproclama «progresista» y «defensor de los derechos humanos», resulta inconcebible que se tolere una distinción legal entre un menor de 15 años y otro de 17 en cuanto a su vulnerabilidad frente al abuso sexual pago.
El gobernador Gavin Newsom había firmado en 2024 una ley que penaliza con más severidad a quienes compren sexo a menores de 16 años. Pero ¿qué mensaje se envía al excluir a los adolescentes de 16 y 17 años? ¿Acaso dejan de ser víctimas? ¿Se los considera responsables de su explotación?
Organizaciones de defensa de las víctimas de trata han manifestado su repudio, advirtiendo que la legislación actual sigue siendo insuficiente y perpetúa la idea de que existen «grados» de consentimiento en situaciones donde el poder, el dinero y la manipulación están en juego.
La asambleísta Krell prometió volver a presentar el proyecto. Ojalá, para entonces, sus colegas hayan recuperado el sentido común y comprendan que proteger a los jóvenes de la explotación sexual no debería ser una cuestión negociable.
