El llamado «pacto institucional» entre el movimiento «Yo Creo» y un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Ciudad del Este terminó siendo el detonante de una crisis política de grandes proporciones, teñida por denuncias de corrupción, tráfico de influencias y reparto de millonarios recursos públicos entre amigos y operadores políticos.
En el centro del escándalo aparece Daniel Pereira Mujica, asesor de la Municipalidad y delfín del intendente Miguel Prieto, quien celebró en redes sociales la supuesta «unidad» con el liberalismo. Pero los documentos internos y las denuncias de dirigentes azules revelan otro trasfondo: un millonario esquema de prebendas, con más de G. 1.000 millones mensuales destinados al pago de planilleros liberales, a cambio de apoyo político.
La reunión donde se cocinó el acuerdo se realizó en la casa de Elida Florentín, nueva coordinadora del consejo de comités del PLRA y aliada de Prieto. Allí se dieron cita alrededor de 70 funcionarios municipales y varios políticos de dudosa trayectoria: el exdiputado destituido por tráfico de influencias Carlos Portillo (hoy asesor municipal con salario de G. 12 millones), el polémico exdiputado Oscar González Drakeford, el dirigente Julio Alvarenga, el cuestionado exdiputado Manuel Trinidad, y la concejal liberal María Portillo, entre otros. A ellos se sumaron representantes de «Yo Creo», como el diputado Walter García y el senador Rubén Velázquez.
El esquema, según denunció el dirigente Iván Airaldi, movería cerca de G. 13.000 millones anuales solo en planillerismo, sumados a otros G. 9.570 millones en contratos de obras municipales que irían a parar a los bolsillos de aliados como Barreto, Drakeford y Teddy Mercado. Los Portillo, en particular, controlarían más de 250 cupos de funcionarios fantasmas, mientras que Alvarenga y Drakeford manejarían otros 100.
El «pacto de los planilleros» terminó provocando un abierto rechazo dentro del propio PLRA. Dirigentes como Gustavo Cardozo, Iván Airaldi y numerosos referentes de base repudiaron el acuerdo, tildándolo de «negocio de zoqueteros vendidos» que hipoteca el futuro del partido a cambio de beneficios personales.
Ciudad del Este vuelve así a ser el epicentro de la vieja política de prebendas, donde la corrupción no se disimula, sino que se celebra a plena luz del día.
