Una fuerte interna dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Ciudad del Este sacó a la luz un escándalo que compromete a varios dirigentes del partido: una presunta red de “planilleros” enquistados en la Municipalidad local, supuestamente protegidos por la administración del intendente Miguel Prieto. La denuncia apunta a más de 240 personas que cobrarían salarios sin desempeñar función alguna, todos vinculados al sector liberal.
El dirigente Iván Airaldi fue quien encendió la alarma, acusando públicamente a varios de sus correligionarios de integrar un esquema de corrupción donde familiares, amigos y recomendados perciben jugosos sueldos a costa de los contribuyentes esteños. A través de sus redes sociales, Airaldi compartió nombres, cargos y montos, afirmando que el desfalco mensual supera los G. 76.350.000.
Entre los señalados están Carmelo Duré, presidente del Comité Liberal N° 3, cuya esposa figura como funcionaria municipal; Cipriano Ocampos, del Comité 23, también con cargo en la comuna; y el exdiputado Carlos Portillo Verón, quien, pese a no cumplir funciones visibles, aparece como asesor jurídico con un salario mensual de G. 12.000.000. Además, Portillo tendría al menos nueve familiares directos empleados en la institución.
Otro de los mencionados, aunque no por Airaldi, es el exdiputado liberal Édgar Acosta, quien también figuraría en la nómina municipal con una remuneración de G. 12.000.000.
“La mayoría de estos dirigentes ya no representan los ideales liberales; los une únicamente el salario que cobran cada mes, mientras los barrios de Ciudad del Este siguen olvidados y sin obras”, criticó Airaldi.
Tras la denuncia, aparecen los “fantasmas”
Luego del escándalo, se reportó que varios de los funcionarios que nunca habían sido vistos en sus lugares de trabajo comenzaron a presentarse en las oficinas municipales, presuntamente por temor a inspecciones o controles internos. La sorpresiva aparición de estos “planilleros” causó malestar entre los empleados que sí cumplen sus funciones diariamente.
El trasfondo político no es menor: según Airaldi, Miguel Prieto estaría utilizando estos cargos para asegurarse el respaldo de sectores liberales en su intento por consolidar poder y promover a su delfín político, Daniel Mujica, como próximo intendente. Parte clave en esta estrategia sería la concejal liberal María Portillo, hermana del exdiputado Carlos Portillo, quien sería una de las principales defensoras y encubridoras del esquema dentro de la Junta Municipal.
La polémica revela no solo una práctica nociva de clientelismo político, sino también una crisis ética dentro del PLRA, donde los cargos y salarios parecen haber reemplazado los principios ideológicos y la transparencia que el electorado demanda.
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