El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue habilitado por la Justicia para comparecer en audiencia preliminar dentro del proceso penal que lo investiga por supuestos hechos de corrupción cometidos durante la pandemia del COVID-19. El Tribunal de Apelación ratificó la competencia del juez Humberto Otazú para convocar a esta diligencia clave, donde se definirá si la causa avanza o no a juicio oral.
Prieto está imputado por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco de una investigación sobre la cuestionada compra de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria. De acuerdo a la acusación fiscal, el perjuicio económico al municipio supera los 300 millones de guaraníes.
La defensa del jefe comunal había planteado una acción de inconstitucionalidad con la intención de suspender el proceso, pero los camaristas de la Segunda Sala desestimaron ese recurso y confirmaron que no tiene efectos suspensivos. En consecuencia, el expediente continuará su curso en la vía penal ordinaria.
Con esta decisión, el caso entra en una etapa decisiva, en la que se resolverá si Prieto debe enfrentar uno de los juicios más emblemáticos por presunta corrupción dentro del ámbito municipal.
