Mientras en todo el mundo cristiano la Semana Santa se celebra con actos de fe pública, procesiones y manifestaciones religiosas, en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega ha optado por imponer el miedo y el silencio. Con un amplio operativo policial, que incluye 14 mil agentes y más de dos mil patrullas en las calles, el gobierno sandinista pretende «celebrar» la Semana Santa, pero sin el componente central de la misma: la religiosidad popular.
Aunque no existe una prohibición escrita, el mensaje del régimen es claro. Según reveló una fuente eclesiástica, los templos están bajo vigilancia constante. Patrullas se ubican en las inmediaciones de las iglesias y agentes, tanto uniformados como de civil, ingresan a las celebraciones litúrgicas para filmar y fotografiar a los asistentes, generando un ambiente de hostigamiento e intimidación.
“La orden es que no haya procesiones. Los sacerdotes han sido advertidos personalmente por los jefes policiales de sus zonas: si salen a las calles con imágenes o fieles, esta vez serán arrestados”
El gobierno anunció un calendario de actividades turísticas y culturales en balnearios y espacios recreativos, incluyendo vacaciones para los funcionarios públicos desde el 11 hasta el 22 de abril. Sin embargo, en ese mismo cronograma no hay espacio para la fe católica ni para la expresión libre del culto, evidenciando la política de persecución religiosa que se ha intensificado en los últimos años.
Nicaragua, un país con profundas raíces católicas, hoy vive una Semana Santa sin procesiones, donde la cruz pesa más por la represión que por la devoción. Y mientras el régimen organiza fiestas en las playas, los creyentes son vigilados dentro de sus propios templos. Un contraste doloroso entre la fe de un pueblo y el autoritarismo de un poder que no tolera ni siquiera a Dios en las calles.