En un país donde la tierra ha sido históricamente fuente de conflictos, desigualdades y promesas incumplidas, el actual presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, propone una estrategia clara y audaz: devolverle al campo la dignidad a través de la formalización de la propiedad.
Inspirado en las ideas del reconocido economista peruano Hernando de Soto, Ruiz Díaz sostiene —con razón— que la titulación de tierras no es solo un trámite burocrático, sino un acto de justicia económica y social. La tesis de De Soto es contundente: sin títulos formales, los campesinos no pueden acceder al crédito, no pueden invertir, no pueden progresar. Están condenados a la informalidad, al clientelismo y a la pobreza crónica. En cambio, con la propiedad reconocida legalmente, el pequeño productor se convierte en sujeto económico con capacidad de decisión y autonomía.
Ruiz Díaz ha entendido que no basta con distribuir tierras: hay que garantizar seguridad jurídica y acompañar el proceso con políticas públicas que apunten al desarrollo rural integral. En sus discursos ha insistido en la necesidad de articular esfuerzos con otras instituciones del Estado, para que la titulación no sea un fin en sí mismo, sino el punto de partida hacia un modelo productivo sostenible y moderno en el interior del país.
Sin embargo, esta visión renovadora ha despertado resistencias. Y no es casual. La titulación masiva, dirigida a los verdaderos campesinos y no a intermediarios políticos o supuestos dirigentes, resta poder a sindicatos y organizaciones históricamente beneficiadas por el manejo discrecional de tierras públicas. Por eso, no sorprende que ciertos sectores cuestionen la gestión de Ruiz Díaz: porque su propuesta rompe con viejos esquemas de control y dependencia.
La seguridad jurídica sobre la tierra no solo fortalece al productor individual, sino que también construye una base sólida para el desarrollo nacional. En ese sentido, el enfoque de Francisco Ruiz Díaz merece ser respaldado. No por simpatía política, sino porque propone una solución estructural a un problema que ha lastrado durante décadas el progreso del Paraguay profundo.
Formalizar la propiedad es, en esencia, reconocer el derecho de cada paraguayo a construir su futuro con dignidad. Es hora de que la tierra esté, finalmente, en manos de quienes la trabajan.
