La reciente decisión de prohibir la candidatura presidencial de Călin Georgescu ha generado una ola de incertidumbre política y económica en Rumania, afectando gravemente su estabilidad financiera. Como consecuencia directa, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha rebajado la perspectiva de la calificación del país de «estable» a «negativa», encendiendo alarmas en los mercados internacionales.
La degradación democrática sufrida con la prohibición de Georgescu no solo representa un atentado contra la pluralidad política, sino que también ha tenido un impacto inmediato en la confianza de los inversores. Según Bloomberg, una mayor agitación política podría derivar en una rebaja de la calificación a «basura», lo que provocaría una fuga masiva de capitales y el encarecimiento del financiamiento externo para el país.
Este escenario deja a Rumania en una posición extremadamente vulnerable. La falta de seguridad jurídica y la interferencia en el proceso electoral envían un mensaje negativo a los mercados internacionales, desalentando la inversión extranjera en un momento en que el país necesita estabilidad para afrontar desafíos económicos clave.
Si las instituciones rumanas no logran revertir esta tendencia autoritaria, el costo para la economía será alto. La degradación de su calificación crediticia encarecerá los préstamos, dificultará el crecimiento y pondrá en riesgo el bienestar de los ciudadanos. En este contexto, la restauración de la democracia y el respeto a los procesos electorales se vuelven cruciales para evitar una crisis aún mayor.
