Este viernes 10 de enero, el gobierno de Claudia Sheinbaum, heredera política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó el programa nacional ‘Sí al desarme, Sí a la paz’, que promueve el desarme voluntario de los ciudadanos mexicanos a cambio de dinero en efectivo. El proceso es anónimo y asegura que no habrá consecuencias legales para quienes entreguen sus armas. Sin embargo, esta iniciativa ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos, especialmente en un país donde el narcotráfico y la corrupción son problemas profundos y endémicos.
El programa, enmarcado en la política de “Abrazos, no balazos” del gobierno federal, argumenta que la violencia puede combatirse a través de la educación, la prevención y la reducción de desigualdades. Sin embargo, en el contexto actual de México, donde las matanzas de alcaldes, periodistas y sacerdotes son frecuentes, y los carteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa se disputan territorios sin tregua, muchos consideran esta medida no solo insuficiente, sino peligrosa.
Lecciones de Cuba y Venezuela: cuando el desarme lleva al yugo
La desconfianza hacia el programa no es gratuita. Experiencias en países como Cuba y Venezuela sirven de advertencia. En ambas naciones, programas de desarme similares fueron implementados bajo el discurso de construir paz y seguridad. Sin embargo, en la práctica, desarmaron a la población civil mientras el poder se centralizaba en regímenes autoritarios que consolidaron su control a través de la represión.
En Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez promovió programas de desarme que inicialmente prometían reducir la violencia. Sin embargo, una vez que la población quedó indefensa, el régimen fortaleció a colectivos armados leales y a las fuerzas de seguridad, quienes se convirtieron en los principales agentes de opresión del pueblo. Algo similar ocurrió en Cuba, donde Fidel Castro consolidó su dictadura tras neutralizar cualquier resistencia civil.
Un programa que deja a los ciudadanos indefensos
En el contexto mexicano, donde las instituciones encargadas de garantizar la seguridad están plagadas de casos de corrupción y complicidad con el crimen organizado, el desarme de los ciudadanos podría generar un escenario de vulnerabilidad extrema. Si los ciudadanos entregan sus armas, ¿cómo podrán defenderse en regiones donde el estado no tiene control?
Los críticos señalan que el programa ‘Sí al desarme, Sí a la paz’ podría dejar a los mexicanos a merced de los carteles, pero también de las mismas fuerzas de seguridad, algunas de las cuales han estado involucradas en violaciones de derechos humanos y protección a grupos criminales.
Además, la política de AMLO y Sheinbaum ha sido cuestionada por su enfoque permisivo hacia el crimen organizado. Mientras los ciudadanos son desarmados, los carteles continúan acumulando poder y recursos, sembrando terror en muchas comunidades.
¿Paz o control político?
Aunque el discurso del gobierno es el de construir una convivencia pacífica, las lecciones de la historia y la realidad actual del país indican que este programa podría ser una trampa política más que una solución real a la violencia. Al igual que en los casos de Cuba y Venezuela, el desarme voluntario podría ser el primer paso hacia una mayor indefensión ciudadana y un aumento en el control estatal, en un país donde ya existen serias preocupaciones sobre la concentración del poder y la falta de transparencia en las decisiones gubernamentales.
Mientras tanto, los mexicanos se enfrentan a una decisión compleja: confiar en un gobierno que hasta ahora no ha logrado garantizar su seguridad o mantener su derecho a la autodefensa frente a la creciente amenaza del crimen organizado y un posible abuso del poder estatal.
