Un alto cargo de la policía del Reino Unido ha reconocido que el Estado ocultó durante décadas los abusos sexuales sufridos por 1.400 niñas menores de edad, perpetrados por bandas de violadores, en su mayoría inmigrantes ilegales de origen paquistaní, debido al temor de generar «tensiones raciales».
La revelación, que ha causado indignación a nivel nacional, incluye el testimonio de un inspector jefe de la ciudad de Rotherham, quien confesó haber dicho al padre de una niña desaparecida que «la ciudad estallaría si se supiera que los inmigrantes ilegales abusaban de niñas blancas menores de edad». El oficial admitió que esta situación había persistido durante 30 años y justificó el encubrimiento diciendo: «Al tratarse de asiáticos, no podemos permitirnos que esto salga a la luz».
La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) confirmó que ha recibido al menos seis denuncias que apuntan al mismo patrón de inacción por parte de las autoridades. Estas revelaciones han puesto en evidencia fallos graves en el sistema de protección y aplicación de justicia, exacerbando la frustración de las víctimas y sus familias.
El testimonio de una víctima
Una joven periodista británica, Samantha Smith, que fue explotada sexualmente durante casi una década, ha compartido su desgarradora historia, exponiendo tanto los abusos como la indiferencia de las instituciones encargadas de protegerla. La periodista, que sufrió agresiones desde los cinco hasta los catorce años, relató que el sistema judicial fue, en sus palabras, insensible y destructivo:
«Prácticamente me destrozó y me dejó de lado, como les sucede a muchas niñas. La gente encuentra más fácil ignorar a las víctimas que perseguir a los culpables».
Su testimonio pone de manifiesto las graves consecuencias de la inacción estatal, que no solo permitió que los abusos continuaran, sino que también revictimizó a quienes buscaban justicia.
Un problema vigente
Las declaraciones de las víctimas y las recientes admisiones policiales han vuelto a centrar la atención en un problema que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, sigue presente en diversas ciudades y pueblos del Reino Unido. Las críticas apuntan a que el miedo a ser acusados de racismo prevaleció sobre la protección de las víctimas, dejando a miles de niñas desamparadas frente a sus agresores.
Este escándalo subraya la urgente necesidad de revisar los protocolos policiales, judiciales y de inmigración, además de garantizar que las políticas de integración no se utilicen como excusa para ignorar actos atroces que violan los derechos fundamentales.
