El nuevo proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas para reglamentar las reservas facultativas vuelve a encender una señal de alarma en el sector productivo. Bajo el argumento de combatir la “elusión”, el Gobierno avanza con una iniciativa que, en la práctica, podría forzar a las empresas a tomar decisiones financieras en el peor momento posible: cuando muchas de ellas ya están asfixiadas por deudas, falta de liquidez y, paradójicamente, por la propia morosidad del Estado.
El empresario Norman Harrison fue claro, en una entrevista en Megacadena, al describir la situación: hoy numerosas compañías están endeudadas y apalancadas simplemente para sobrevivir, en gran parte porque el Estado no paga a tiempo. En ese contexto, imponer límites a las reservas implica obligarlas a distribuir utilidades o capitalizarlas bajo presión, lo que en muchos casos se traducirá en más endeudamiento. Es decir, tomar crédito no para invertir o crecer, sino para cumplir con exigencias fiscales. Difícilmente pueda considerarse eso una política económica responsable.
Desde el Gobierno insisten en que no se trata de un nuevo impuesto, sino de cerrar un mecanismo de “abuso”. Sin embargo, el efecto real es otro: restringir la capacidad de las empresas de administrar sus propios recursos, afectando directamente su flujo de caja. En un escenario económico desafiante, donde cada decisión financiera es clave para sostener empleos y operaciones, este tipo de intervenciones termina generando más incertidumbre que soluciones.
A esto se suma un dato que el propio sector privado viene denunciando hace tiempo: el Estado mantiene deudas millonarias con proveedores, desde farmacéuticas hasta empresas vialeras, algunas de las cuales ya han quebrado. Resulta, como mínimo, contradictorio que el mismo Estado que no cumple con sus compromisos pretenda ahora exigir mayor rigidez financiera a quienes dependen de esos pagos para subsistir. La pregunta es inevitable: ¿por qué se presiona al sector privado mientras el sector público posterga sus obligaciones?
El trasfondo parece claro. Ante una caída en la recaudación —explicada en parte por el tipo de cambio— el Gobierno busca mecanismos para sostener ingresos, aun a costa de tensar la microeconomía. Pero esta estrategia tiene consecuencias concretas: menos inversión, más incertidumbre y, en última instancia, pérdida de empleos. Porque cuando se golpea al sector productivo, el impacto no se queda en los balances de las empresas, sino que se traslada a toda la economía.
El problema de fondo no es solo técnico, sino de enfoque. En lugar de generar condiciones para que las empresas crezcan, inviertan y generen empleo, se opta por aumentar el control y la presión. Y mientras tanto, el verdadero cuello de botella —el gasto público ineficiente y la falta de disciplina estatal— sigue sin resolverse.
Una vez más, el riesgo es el mismo: que en nombre de la recaudación se termine debilitando a quienes sostienen la economía real. Porque cuando el Estado aprieta, no siempre recauda más. A veces, simplemente termina frenando el motor que mantiene al país en marcha.
