Una investigación difundida por el medio digital Cuarto Poder puso en el centro del debate a la senadora Yolanda Paredes, tras la circulación de documentos que sugerirían la existencia de operaciones económicas no declaradas relacionadas con un inmueble perteneciente a Itaipú Binacional.
De acuerdo con los antecedentes divulgados, el eje de la controversia radica en un acuerdo suscrito en 2022 que implicaría la cesión de derechos de posesión sobre un terreno de la entidad. Este tipo de bienes, por su carácter público, no estaría habilitado para ser comercializado en el ámbito privado sin una normativa que lo autorice expresamente, lo que abre interrogantes sobre la legalidad del procedimiento.
El material señala que, luego de una ocupación irregular del predio, se habría estructurado un esquema de pagos fraccionados que se extendió durante varios meses, alcanzando incluso el año 2024. Un elemento particularmente sensible es que parte de esos ingresos habrían sido percibidos cuando la involucrada ya ejercía funciones legislativas, lo que eleva el nivel de escrutinio sobre el caso.
Otro punto que genera cuestionamientos es la aparente ausencia de estos movimientos en las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control. Ni el inmueble ni los ingresos derivados de la operación figurarían en los registros oficiales, lo que podría constituir una inconsistencia entre la actividad económica real y el patrimonio declarado.
En el plano legal, especialistas consultados coinciden en que, al momento de los hechos, no existían disposiciones que habilitaran la transferencia onerosa de este tipo de ocupaciones sobre bienes de Itaipú, reforzando la hipótesis de una posible transacción irregular sobre patrimonio estatal.
La eventual verificación de estos documentos podría derivar en un caso de relevancia institucional, al evidenciar una posible discrepancia patrimonial sustentada en ingresos que no tendrían respaldo en los reportes oficiales. En ese escenario, se vuelve clave la intervención de los órganos de control para esclarecer tanto la validez del acuerdo como el destino de los fondos involucrados.
