El reciente cambio en la Constitución aprobado por Morena (Movimiento Regeneración Nacional del presidente Manuel López Obrador y de la presidente electa, Claudia Sheinbaum), que sustituye el concepto de «propiedad privada» por «respeto a la propiedad», ha generado preocupación y controversia. A primera vista, esta modificación podría parecer un simple ajuste semántico, pero en realidad, tiene profundas implicaciones jurídicas que podrían poner en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.
Con una mayoría que ha sido acusada de actuar con corrupción, Morena ha impulsado este cambio clave que, lejos de proteger los derechos de los propietarios, abre la puerta a potenciales abusos y expropiaciones arbitrarias.
De acuerdo a la nueva redacción, se establece que «El respeto a la propiedad será garantizado por el Estado, asegurando su función social y su contribución al bienestar común». Esto implica que la propiedad, ya no reconocida como un derecho individual absoluto, debe cumplir con su «responsabilidad social y ambiental», y que «el interés colectivo prevalece sobre el interés individual». Este lenguaje ambiguo deja espacio para interpretaciones flexibles, lo que podría ser utilizado por el gobierno para justificar la intervención o incluso la expropiación de propiedades bajo el pretexto del «bienestar común».
Anteriormente, la «propiedad privada» era un derecho claro y protegido, reconocido como inviolable por el Estado. Con la nueva terminología, esa claridad se desvanece. El cambio de «propiedad privada» a «respeto a la propiedad» introduce incertidumbre sobre qué derechos exactos tienen los propietarios. La adición de términos como «función social y ambiental» y «bienestar común» sugiere que el Estado podría relativizar o reinterpretar esos derechos, dependiendo de la conveniencia política o de intereses particulares.
Esta modificación no solo genera una inseguridad jurídica significativa, sino que también podría desincentivar la inversión en propiedades. La posibilidad de que el Estado intervenga o expropie un bien, si se considera que no cumple con su «función social», podría hacer que los propietarios y empresarios piensen dos veces antes de invertir en terrenos o bienes raíces. Esto podría tener un efecto negativo en la economía y el desarrollo del país.
Bajo la nueva redacción, el gobierno podría decidir que ese terreno sería más útil como un parque comunitario y, por lo tanto, intervenir, argumentando que no está cumpliendo con su «función social». En este escenario, la compensación que recibirías podría ser mínima o incluso nula, dependiendo de cómo se interprete el «bienestar común». Este tipo de intervención arbitraria podría reducir el valor de las propiedades y aumentar el riesgo de que los derechos individuales queden subordinados a intereses colectivos mal definidos.
En síntesis, el cambio constitucional impulsado por Morena no solo es un ataque directo a la seguridad jurídica de los propietarios en México, sino que también podría facilitar expropiaciones arbitrarias y autoritarias. Con esta reforma, el gobierno de Morena ha creado un escenario donde los derechos individuales son relegados en favor de un interés colectivo ambiguo, dejando a los propietarios en una posición vulnerable. Este cambio, junto con la reciente reforma judicial, podría formar parte de un plan más amplio para concentrar el poder, afectando gravemente la libertad y la propiedad de los ciudadanos.
