Gran parte de la superioridad moral de Occidente se estableció con la evolución de la administración de justicia: desde el sistema inquisitivo al sistema acusatorio. El sistema inquisitivo se basaba en el principio “in dubio pro fidei”, es decir, “en caso de duda, a favor de la fe”, por supuesto, la fe de los inquisidores. Este sistema descargaba la obligación del “onus probandi” en el acusado, y este sufría el peso la carga de la prueba de demostrarse inocente. Como era de esperar, un sistema que impartía justicia bajo esas premisas estaba lleno de “culpables”.
El sistema acusatorio fue parte de una revolución institucional que se estableció sobre la noción de “los derechos del hombre y el ciudadano” e instituía lo que hoy conocemos como “presunción de la inocencia”, basada en el adagio latino “in dubio pro reo”, es decir, “ante la duda, se debe actuar a favor del acusado”: todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y la onerosa carga de la prueba se encuentra en quien acusa. Con esto se cumple la lógica aristotélica de que exclusivamente las afirmaciones requieren elementos de prueba.
En el caso que involucra, ya hace más de un año, al ex presidente Horacio Manuel Cartes Jara, hemos sido testigos de una involución institucional en el tratamiento que la justicia realiza sobre su persona. Primeramente, la Embajada de los Estados Unidos, reiteradamente, presentó señalamientos hacia el ex mandatario donde lo declaraban “significativamente corrupto”, castigando a sus empresas y restringiendo arbitrariamente su libertad de tránsito a través de globo (y la de su familia) y sus derechos de propiedad sobre cuentas y activos financieros. Todo esto se realizó tiránicamente bajo la premisa “in dubio pro fidei”, es decir, “en caso de duda, a favor de los Estados Unidos”. Nunca la Embajada norteamericana presentó un solo elemento probatorio de sus acusaciones y el perjuicio patrimonial y reputacional subsisten sin haber sido reparado aun por sus perpetradores.
Ayer, durante un juicio llevado a cabo en Colombia, donde se encuentran procesados los presuntos autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, uno de ellos, el sindicado como “coordinador” de la operación, Francisco Luis Correa Galeano, señaló que el ex presidente Cartes fue uno de los mandantes del asesinato. Nuevamente la prensa progresista paraguaya, ávida de cualquier declaración que involucre negativamente al actual presidente de la ANR, actúa bajo los mismos principios de la justicia inquisitiva y declara “in dubio pro fidei”, “en caso de duda, a favor de Francisco Luis Correa Galeano”. La crónica goza de insana ironía pues el mismo Correa Galeano aún no ha sido declarado culpable y, sin embargo, su sola palabra constituye elemento suficiente de prueba para declarar culpable a un ex presidente de un asesinato.
Es fundamental que nos percatemos como sociedad de que, si se puede destruir a una persona poderosa y millonaria como Horacio Cartes, bajo los principios instrumentales de una justicia inquisidora, que opera al calor de una prensa hegemónicamente progresista, sedienta de la condena de cualquier millonario que peca solo por el hecho de ser millonario, y bajo la intervención abusiva de la política demócrata norteamericana ¿qué garantía nos queda a nosotros, los simples mortales si la justicia se vuelve inquisidora, tirana y sedienta de “culpables”?
Creo que es fundamental que el poder demócrata estadounidense y cada uno de nosotros, los paraguayos de bien, reflexione sobre las esenciales palabras del segundo presidente constitucional de los Estados Unidos de América, cuando era una gran nación en la tierra, bajo la atenta mirada del Todopoderoso:
Es más importante que la inocencia sea protegida que la culpa sea castigada, porque la culpa y el crimen son tan frecuentes en este mundo que no todo puede ser castigado. Pero si la inocencia en sí misma es traída a las rejas y condenada, tal vez a morir, entonces el ciudadano dirá: “haga el bien o haga el mal es irrelevante, para la inocencia en sí no hay protección”; y si tal idea como esa ha de afianzarse en la mente del ciudadano, sería el fin de cualquier seguridad.
John Adams
