El cónsul general en la ciudad de Buenos Aires, Héctor Rubén Figueredo Notario, designado el 27 de diciembre por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aceptó renunciar este miércoles luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni lo solicitara, confirmaron a ABC Color fuentes de la institución.
Esto luego de que Figueredo haya sido acusado de acoso sexual por una joven militante de la ANR en Buenos Aires, de nombre Ana Grisseti (24), quien es hija de otro seccionalero, Clementino Rossetti, quien reside con su familia hace un tiempo en la capital argentina. Todos son del movimiento Colorado Añeteté.
La denuncia de la joven se viralizó luego de haberla publicado en su perfil del Facebook.
La joven facilitó las capturas de pantalla de la conversación que mantuvo con el ahora excónsul, en las que éste la invita a pasar la noche en su casa, ya que debían tratar la organización de un evento en el Consulado.
En conversación con ABC Color, Ana Grisetti habló de la situación estresante que le tocó pasar; y negó que su padre tenga intereses creados en torno a esta situación.
“Se van a decir miles de cosas. No puedo pararme a contestar cada una de esas estupideces cuando lo que estoy denunciando es algo grave. Esta situación me incomoda y me perjudica porque formo parte de un grupo juvenil en donde esto repercute de mala manera ya que no deja bien parada a la institución y genera todo un revuelo que no querían que salga a la luz. Esto no me está beneficiando, porque cuento con el apoyo de mi padre, de mi madre y conozco mis derechos”, señaló la denunciante.
IMPUTADO POR ESTAFA
Según antecedentes, la denunciante es hija de Clementino Grisetti, imputado por la -en ese entonces- fiscala Rocío Vallejo, junto a Hernando Arteta Melgarejo (ex cónsul en Buenos Aires) y otros por la supuesta comisión del hecho punible de estafa, artículo 187 inciso 1º con 29 y 31 respectivamente, todos del Código Penal, en el periodo comprendido entre enero a febrero del año 2005. En este caso, Vallejo encontró un perjuicio patrimonial de US$ 8.100, por la contratación de funcionarios que supuestamente no han prestado servicios en el consulado de Buenos Aires.
