La crisis económica en Bolivia es, día que pasa, más dura. Los bolivianos carecemos de dólares, por ende, tenemos cerrada la llave al comercio internacional. Los precios locales empiezan a subir, con pocas probabilidades de bajar. Gran parte de la población admite tener dificultades para llegar a fin de mes. Incluso el propio gobierno tuvo que cambiar su retórica para aceptar que las cosas no van bien, aunque dicen que todo se trata de algo pasajero. Además, existe una marcada desconfianza en el sistema financiero, pues muy pocos se atreven a depositar su divisa americana en los bancos y cooperativas.
En ese escenario, que para el común de los mortales se está volviendo insoportable, los empresarios industriales han logrado cerrar un acuerdo de diez puntos para, en palabras de los propios protagonistas, solucionar la crisis del dólar y los problemas de abastecimiento de hidrocarburos, en especial, de diésel y gasolina.
Empero, el acuerdo, lejos de ser una hoja de ruta para encontrar la salida a nuestras desgracias, es un listado de buenas intenciones y, a lo mucho, una manera de conseguir privilegios para ciertos sectores del empresariado, puesto que no se acerca ni de asomo al meollo del asunto: el elevado gasto público que lleva generando una década de déficit fiscal.
En su artículo, El empresariado boliviano llega a acuerdos con Arce para sostener un modelo económico en agonía, el economista Mauricio Ríos García afirma lo siguiente:
Lejos de constituir sorpresa y más aún de merecer análisis exhaustivo alguno, ninguno de los 10 puntos acordados se asoma siquiera a la principal causa de la pérdida de reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), que es -quién podría dudarlo a estas alturas- el exceso de gasto público, y de manera más concreta, los millonarios préstamos que el ente emisor ha otorgado diligentemente a las empresas públicas «estratégicas» como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde el ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, o para la subvención del consumo interno de hidrocarburos y la importación de combustibles desde el fracaso de la nacionalización de 2006.
Estoy, plenamente, de acuerdo con mi amigo y colega, pues el subsidio a los hidrocarburos ha sido la principal causa para que las Reservas Internacionales bajen de 15.000 millones a, aproximadamente, 1700 millones. Asimismo, en su afán de mantener la farra, el Movimiento Al Socialismo endeudó al país hasta, léalo bien, el 80% del PIB.
Entonces la solución no pasa por un acuerdo al fiel estilo del Mercantilismo del Siglo XVI, sino por desmontar el Estado Plurinacional y enterrar por completo su modelo económico, que, paradójicamente, no economiza nada, al revés, es puro derroche.
Sin embargo, el empresariado boliviano, por lo menos aquel que tiene bastante exposición a los medios de prensa, no tiene ningún interés en ser un contrapeso para limitar el poder del régimen. Al contrario, su aspiración es ser parte de eso que Mikhail Sergeyevich Voslensky bautizó como: Nomenklatura.
Nomenklatura es un término en ruso que define a un grupo de personas que gozan de grandes privilegios en los gobiernos dictatoriales, los miembros que la componen pueden ser «intelectuales», «políticos», «artistas» y «empresarios». Voslensky también afirma que, con mayor énfasis en época de disputa entre aspirantes a dictadores en jefe, conseguir una nomenklatura servil es el paso final para consolidarse como dueño y patrón de la estructura dictatorial. Ahora, si analizamos la actual coyuntura boliviana, donde Evo Morales y Luis Arce Catacora disputan la titularidad de la dictadura boliviana, conseguir una nomenklatura servil era lo único que le faltaba a Arce Catacora para consolidarse como dictador en jefe, sin ninguna vergüenza, los empresarios acaban de ponerse en esa posición.
