En el período legislativo 2018 – 2023, fuimos testigos de un desequilibrio notorio en lo referente a la aplicación del instrumento legal conocido como «pérdida de investidura».
Los vicios iniciaron temprano, en agosto del 2018, cuando se planteó despojar de su diputación a José María Ibáñez por el caso de los «caseros de oro»; el mencionado legislador ya había compurgado ante el poder judicial años antes, pero eso no bastó a las mayorías que entonces gobernaban nuestro Congreso, y en una muy flexible interpretación de la frase «uso indebido de influencias fehacientemente comprobado», se machacó y machacó con exigir la pérdida de investidura de Ibáñez, quien forzado por una intensa presión mediática, dimitió de su cargo.
A partir de entonces, no cesaron los «juicios políticos» contra diferentes congresistas del país. Se insistió con pertinacia en la aplicación sumamente elástica de la expresión «uso indebido de influencias fehacientemente comprobado» del artículo 201 de la Constitución Nacional de 1992; varios senadores y diputados quedaron capirotes, uno de los casos más pintorescos fue el de la ex Senadora Mirta Gusinky, quien también fue presionada hasta la renuncia con la amenaza de «pérdida de investidura» por el mero hecho de que ella recibió (de manera aparentemente irregular) una vacuna contra el COVID-19. Hasta ese punto llegó la banalización y la absurdización de tan mentado instrumento legislativo. Podrían citarse más de los casos relacionados a este asunto, pero sería redundar.
Lo concreto es que se percibía en el ambiente que la «pérdida de investidura» se estaba utilizando con meros fines de vendetta política y no para lo que en realidad fue pensada, esto es, que los senadores y diputados sean despojados de sus cargos solamente cuando existiera contra ellos una sentencia judicial firme y ejecutada (de allí lo de «fehacientemente comprobada»), y no para meras acusaciones realizadas por la prensa, ni casos jurídicos que ya fueron resueltos por vías de la suspensión o el resarcimiento. Se supone, pues, que, en una república moderna, los «poderes del Estado» deben ejercer mutuo control y a la vez cogobernanza; el Poder Judicial debía demostrar un delito o crimen de manera fehaciente y ante esto, en consecuencia, proceder las cámaras legislativas. Pero la arbitrariedad y la prepotencia se apoderaron del Congreso Nacional (¿cuándo no?) y los resultados están a la vista.
De hecho, tan artero y descarado fue el engreimiento de la «mayoría coyuntural» del Congreso durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), que nuestros legisladores tuvieron la insolencia y el tupé de ignorar y desacatar dos decisiones inapelables de la máxima autoridad de nuestro país para la interpretación de las leyes, la Corte Suprema de Justicia, que habilitó plenamente a los ex Presidentes de la República Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes Jara (ambos ANR) para jurar y ocupar sus bancas como Senadores Electos y Proclamados de la Nación. De hecho, que en las elecciones para el período 2018 – 2023, Cartes fue el Senador más votado del país, pero la «mayoría coyuntural» en el Congreso le negó acceder al cargo que debió ejercer acorde al mandato del sufragio popular.
Así se pisotearon todos los principios más básicos y fundamentales del Estado de Derecho de nuestra República. Cada legislador se convirtió en «juez» y se tomaron atribuciones extraordinarias que jamás fueron de la incumbencia de sus cargos; juzgar sobre delitos y crímenes para ver sí están o no «fehacientemente comprobados» pertenece al Poder Judicial, decidir en última instancia sí las leyes permiten o no «jurar» a tal o cual persona para determinados cargos que se originaron de las pugnas electoralistas, compete a la Corte Suprema de Justicia.
Desde luego que la actual Senadora Kattya González (PEN), entonces Diputada, participó activamente de todos los procesos de «pérdida de investidura», los promovió e impulsó con ahínco y determinación, fue vocera a desgañite de cada uno de ellos. ¿Era consciente de lo que estaba haciendo entonces? ¿Sabía del funesto precedente que se estaba dejando al país con estas arbitrariedades?
Y todos sus repetidores y exaltadores, ¿en qué santería estarán recitando plegarias ahora, después de haber aplaudido todas las tropelías que ahora se vuelven contra ellos?
Independientemente de lo que ocurra en las Cámaras Legislativas en el miércoles de ceniza del 2024, lo cierto es que un baño de humildad nunca viene mal a nadie, que todos somos polvo y al polvo volveremos, que «la mujer del César debe ser virtuosa y también parecer virtuosa», y que siempre debemos estar atentos para que los bumeranes que tiramos al aire no regresen a rompernos la cabezota.
Al final, la «pérdida de investidura» (o no) de Kattya González puede servir de enseñanza y lección para todos; cuando jugamos con fuego podemos terminar quemados. ¿Será que los enemigos enceguecidos de la ANR aprenderán algún día?
