El Ministerio Público peruano solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por “los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública” en su fallido intento de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre de 2022.
Además, pidió por el delito de rebelión 25 años de prisión contra la expresidenta del Gabinete Ministerial Betssy Chávez Chino, los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, respectivamente, y los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
Del mismo modo, la Fiscalía reclamó, por el mismo delito, 15 años de prisión para el exministro de justicia Aníbal Torres Vásquez.