Las instituciones democráticas están en su nivel más bajo de confianza de las últimas décadas, no sólo en Paraguay sino en gran parte del mundo. La desinformación es una de las causas de esta tendencia, por cierto, preocupante.
Resulta lamentable, que en esta era de la posverdad, algo irrefutable como la más simple de las operaciones aritméticas puede estar en entredicho. Una conocida agencia de comunicación global, le llamó algo así como “bancarrota informativa”. Una bancarrota que afecta, no solo la reputación de empresas, sino la estabilidad de las elecciones y de las instituciones claves para el orden democrático de los países.
Expertos electorales sostienen que en los procesos electorales la palabra “fraude” es la más contagiosa. Sin embargo, apuntan, es común encontrar una narrativa del fraude que sea difícil de desmentir. En general, no hay ninguna evidencia sólida que lo pruebe de forma irrefutable, pero cuestionarlo, a menudo es de ingenuos, de crédulos o de amafiados. Pero que las elecciones no sean totalmente limpias, no las hace fraudulentas.
Como señala Gerardo Icaza, Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), los argumentos de fraude les ofrecen a los medios de comunicación una tentadora oportunidad de generar una audiencia y vender periódicos por medio de la publicación de formatos sensacionalistas. Una vez que se construye la “narrativa del fraude”, el fenómeno se amplifica con las redes sociales y las fake news.
Algunos de los síntomas de la narrativa del fraude tienen que ver con la agenda política de algunos candidatos perdedores, inconformes con los resultados. Otro síntoma tiene que ver con una caja de resonancia que es difícil de superar: existe un gran desafío en salir de nuestra propia caja de resonancia y hay una predisposición a leer, escuchar y prestar atención únicamente a aquello que refuerza una opinión previamente establecida y que daña la capacidad de la ciudadanía de discernir entre las noticias reales y las falsas. Los medios de comunicación debieran ser responsables en dar el debido seguimiento y reportar las aclaraciones respecto a las denuncias de fraude electoral con la misma importancia y frecuencia con que reportaron el supuesto fraude, pero no lo hacen en la mayoría de los casos.
Finalmente, otro síntoma de la narrativa del fraude es que siempre se ataca al árbitro. Ello se manifiesta, usualmente, cuando alguno de los candidatos utiliza la estrategia de desprestigiar al árbitro para deslegitimar un proceso que puede llegar a perder o pierde. En este sentido, la deslegitimación de un proceso electoral sin fundamentos erosiona la democracia, las instituciones y polariza a la sociedad.
La narrativa de fraude, además de atentar contra la legitimidad de las instituciones democráticas, pretende generar un caldo de cultivo para poner en duda los resultados electorales, lo cual constituye un acto de irresponsabilidad inmenso y habla de actores políticos con un ínfimo compromiso con la integridad electoral e institucional.
La nube negra de la narrativa de fraude puede opacar elecciones tanto en aquellos países con democracias consolidadas como aquellas que están transitando hacia ese rumbo. Este fenómeno incrementa la polarización, genera inestabilidad política, erosiona la confianza ciudadana, atenta contra la calidad de un proceso electoral, socava la institucionalidad y credibilidad de los árbitros electorales y, a largo plazo, acrecienta el desencanto, ya de por sí enorme, con la política, especialmente en los ciudadanos más jóvenes.
La percepción del fraude es tan perjudicial como un fraude real y complica el trabajo ya complejo que recae en las autoridades de una elección. Ante este escenario, los órganos electorales deben estar preparados tanto para prevenir el fraude como para atender a la narrativa de fraude. En la actualidad, la transparencia es fundamental, pero no es suficiente. Para combatir la narrativa de fraude debe existir una buena campaña mediática que ataque directamente las vulnerabilidades que se están señalando, y se debe garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad del árbitro electoral, como se espera de todo árbitro en cualquier disciplina.
Vayamos a lo que estamos presenciando en Paraguay y a la narrativa del fraude instalada 24 horas después de los resultados preliminares del TREP, del TSJE.
Poco importó que una coalición bipartita de autoridades electorales (ministros del TSJE) y muchas otras autoridades estatales concluyeran que las recientes elecciones fueron “las más seguras de la historia de Paraguay”. Sectores disconformes con los resultados se negaron a aceptarlos pese a la contundencia y el margen histórico del vencedor de la carrera presidencial y se instaló una narrativa del fraude, acompañada y alimentada por las grandes cadenas de medios de comunicación de los grupos Zuccolillo y AJ Vierci, principalmente. Los mismos que lideraron durante no menos de un año, una campaña feroz contra el candidato y el Partido Colorado. La sociedad no les creyó el relato y ya no influyen a nadie, por cierto.
La narrativa instalada la conocemos todos. Ha sido harto repetida, pero también harto rebatida. Rebatida por explicaciones del órgano competente y por hechos fácticos irrefutables que tiran por la borda el relato y que a pesar de ello, siguen repitiendo sin cesar. Y mientras repitan mentiras es importante seguir repitiendo verdades.
Algunas puntualizaciones sobre la narrativa instalada:
1)Fingen descubrir, ahora, 3 años después, que las máquinas de votar no son fiables. Tuvieron, como todos los actores del proceso electoral, la misma oportunidad y plazo para cuestionar, evacuar dudas y plantear objeciones a lo que fuere que consideraren conveniente al respecto. Se auditó el sistema completo de votación y todos los partidos políticos y movimientos accedieron a todos sus requerimientos. Importante mencionar que los partidos gastan una enorme cantidad de recursos, no envían a un experto en Excel, a inspeccionar las máquinas de votación, envían a los mejores, invierten en los mejores. Tres años antes sabían de la utilización de las máquinas de votación y un año antes conocían, TODOS, el cronograma electoral. Es decir, CONOCIAN Y ACEPTARON LAS REGLAS DE JUEGO.
2)Desconfían del resultado del escrutinio en las elecciones. No encuentro precedentes de que el tercero en los resultados haya sido el que alegue fraude, y menos ante una diferencia de 15 puntos porcentuales entre el segundo y el primero. Y lo peor de todo, es que desconfiar del resultado es desconfiar en el trabajo de sus propios equipos, por los que inflaron el pecho en la previa, mostrando seguridad y garantía absoluta de que no podría existir fraude. En cualquier caso, desacreditan y desconfían del trabajo de sus miembros de mesa, veedores y apoderados, que además, fueron amplia mayoría en la integración de las mesas.
3)12.252 mesas electorales, más de 12 mil actas, más de 3 millones de papeletas de votos, menos de 1% de impugnaciones; 36.700 miembros de mesa puestos por los partidos políticos, más veedores, mas apoderados, mas funcionarios de la justicia, mas cualquier ciudadano que ese día quiso estar presente en el momento del escrutinio público tal como le asiste la Constitución Nacional. Ni una sola persona de las más de 36.000 hizo una denuncia formal. Vale decir, las denuncias que se puedan haber realizado a posteriori no están dentro de lo que es el proceso, que una vez concluido, no hay vuelta atrás.
Desde el momento en que los miembros de mesa no dejaron constancia de irregularidad alguna, mal puede hablarse de fraude. Etapa precluida, en virtud de lo que dispone la normativa.
4)Concluido el escrutinio, la papeleta de voto pasa a ser basura, ya no tienen ninguna utilidad ni efecto. El documento que vale desde entonces es el acta. Por eso se dice, “Acta mata papeleta”, porque es el documento preponderante. La basura electoral se resguarda en un sobre hasta la proclamación de resultados, no para que pueda ser utilizada como documentación a ser certificada o elemento de prueba sino para evitar que dicha basura sea hallada por la ciudadanía en algún lugar y evitar suspicacias como ocurría con anterioridad a la normativa actual. El famoso sobre n° 4: boletines de votos válidos, votos en blanco y nulos, YA ESCRUTADOS sin objeción alguna.
5)Pedido ilegal de reconteo de votos pone de manifiesto la ignorancia de la ley y el peligro de pedirle al custodio de la voluntad popular, que la viole. El conteo se realiza en el momento del escrutinio, en un solo acto, por los miembros de mesa, en el local electoral. Es ese el momento en el que se deben realizar todos los reclamos pertinentes en cuanto al conteo, en ese momento se puede realizar todos los conteos, todas las veces que lo soliciten de manera manual y con la máquina de una manera pública y en presencia de todos los interesados. Desde el momento que no hubo ningún reclamo al respecto, esa etapa quedó preclusa, terminó y no se puede retrotraer.
El acta firmada por los miembros de mesa representada por los distintos movimientos políticos, refleja el fiel conteo de los votos. Una vez entregadas al Tribunal, éste procede al juzgamiento de actas y una vez juzgadas las actas, se procede a la proclamación de los resultados.
6)Pedido de acceso al contenido del sobre n° 4 vía Ley de acceso a la información pública. No tiene pie ni cabeza. El derecho a peticionar existe, pero en este caso no tiene efecto. El contenido del sobre no es información, son los votos ya escrutados, es basura electoral. Y en todo caso, el carácter secreto del voto, lo excluye de ser considerado de acceso público. La ley de acceso a la información pública en su artículo 2, numeral 2 define la información pública como “Aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las leyes.”
7)Se dice que la elección fraudulenta es la presidencial, pero la misma urna electrónica registra el voto para diputados y senadores. ¿Y esas elecciones no son cuestionadas? Esa es una característica bastante presente de las teorías conspirativas. Tampoco tiene pie ni cabeza. El hecho de que aduzcan fraude supondría que se nieguen a asumir bancas y aceptar subsidios electorales y aportes estatales de un sistema fraudulento, pero la realidad mostrará que terminarán siendo proclamados y asumiendo sus bancas, aceptando subsidios electorales y aportes estatales por millones, implicando así, necesariamente, la aceptación de los resultados. Farsa al descubierto.
8)¿Qué resultados arrojaron sus supersistemas paralelos de conteo rápido? ¿Dieron cifras distintas o similares a los resultados del TREP? Preguntas que no responden. No transparentan su verdad porque dejarían expuesta su mentira.
Conclusiones
Si nos fijamos, los únicos dos que están llevando adelante la narrativa del fraude, son los mismos dos que impidieron la unión de la oposición: Efraín Alegre, Paraguayo Cubas. O si quieren verlo de otra manera, incapaces de unir a la oposición. Ambos comparten responsabilidades -hasta porcentualmente- en la derrota histórica.
Respecto al sistema electoral, no está demás acotar que no fue hecho por el TSJE, sino por los propios actores políticos y congresistas. El TSJE no es deliberante, debe respetar la Constitución y las leyes. En un estado de derecho no se puede cambiar la ley a pedido de una o dos partes, sino cuando se ponen todos de acuerdo y vía Congreso.
Es estúpido que grupos políticos que aceptaron las reglas de juego y participaron de las auditorías ofrecidas por el TSJE a través de sus apoderados técnicos, lancen declaraciones públicas irresponsables que afirman sobre un fraude electoral a gran escala, sin medir las consecuencias y escenarios que tales afirmaciones pueden generar en el sistema democrático.
Es legítimo, sin embargo, que cuestionen un sistema electoral en sus puntos ciegos que puedan generar dudas. La integridad de todo sistema democrático depende del grado de confianza hacia las reglas de juego y por ende, todas las demandas y preocupaciones deben ser tenidas en cuenta para para que las instituciones respectivas actúen en consecuencia y otorguen las garantías y salvaguardas correspondientes.
Respecto a papel que han jugado los medios dentro de ésta narrativa del fraude, teniendo en cuenta la implosión de las redes sociales, el protagonismo de nuevas voces convertidas en líderes de opinión que han alimentado la creencia entre los usuarios digitales de que se puede estar informado a través de sus pares sin necesidad de recurrir a los medios profesionales, sería importante recuperar la autoridad del periodismo como modo de garantizar la credibilidad de los hechos frente a la desinformación. Debiera ser un objetivo primario. Es prioritaria la información de los hechos y el periodismo de datos, frente a la interpretación y la opinión. De alguna forma, los medios deben recuperar su primacía como productores de la información y vigilar la influencia de fuentes vinculadas al poder. Deben ser indicadores de calidad periodística dirigidos a favorecer la veracidad y la credibilidad que, a corto plazo pueden revertir el clima de desinformación al que se expone la ciudadanía.
Diversas investigaciones han constatado (Casero-Ripollés, 2020a), que el público, ante contextos informativos de riesgo opta por fuentes informativas con una trayectoria larga y con mayores niveles de consumo. Vale entonces hacer un llamado a los grandes medios, a apostar por la veracidad, el contraste de datos y la calidad. Es importante conocer en qué medida la ciudadanía concede valor a la información de los medios para combatir la polifonía de voces activas en las redes sociales o implementar estrategias de educación mediática que la vuelvan a posicionar como actor participativo y crítico, y conformar nuevos enfoques para afrontar los riesgos de un discurso único, con efectos todavía no predecibles sobre la democracia.
Finalmente, ¿qué decir de los protagonistas principales de esta narrativa del fraude?
Decir que la sospecha la instalaron, es fruto de un relato instalado, y mantenerla favorecerá al caos y al debilitamiento de las instituciones.
Decir que el objetivo no es llegar a la verdad. El objetivo es incidentar y por el camino sacar rédito pues viven y dependen de las movilizaciones. Estas les permiten trascender, mantenerse vigentes, mantenerse relevantes. No necesariamente tiene que haber un objetivo más allá de la vigencia y la trascendencia que por estructura y contenido, no se sostiene. Viven de los problemas, no de las soluciones, por eso no hay la mas mínima intención de resolverlos.
Por último, un Estado se gobierna por leyes, no desde la calle ni de las veredas. El Tribunal Superior de Justicia Electoral y las autoridades en general, deben ser implacables de aquí en delante. La gente debería tener miedo de que violen la ley, no de que la defiendan y se aferren a ella. Es hora de preferir y vivir otro tipo de dictadura a la que no estamos acostumbrados: la dictadura de la ley.
Y sobre todo, hay que darle estabilidad al legítimo ganador, no cumplir caprichos del perdedor. El que no sabe perder, no sabe ganar.
Referencias:
-Código electoral, art. 222, 227.
-Ley 5282 de acceso a la información pública, art. 2
