Estimado Sr. Nephew:
Previo a su eminente visita a nuestro país como parte de la agenda internacional del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, quiero que observe con atención ésta entrevista realizada por un periodista en el Palacio de Gobierno, el día de hoy, al presidente de la república Mario Abdo Benitez.
Y le diré por qué, no sin antes aclarar que no comparto este sentimiento cuasi colonialista que ha tenido parte de nuestra sociedad, ante vuestras llamativas y cada vez más reiteradas apariciones mediáticas en nuestro país. Sepa que en todo caso es un sentimiento no un sometimiento y responde a una necesidad apremiante y deseo de justicia que parecen ya no poder esperar.
Sin perjuicio de ello, creo conveniente señalar que si la prioridad de la administración de Joe Biden en la lucha de EE. UU contra la corrupción es la rendición de cuentas creíble sobre la gestión de poder, deben, necesaria y urgentemente, comenzar por el presidente Mario Abdo Benítez.
Tres ministros de su administración como candidatos a integrar la terna de la que saldrá el próximo Fiscal General del Estado. Si esto no es politización extrema de cargos de suprema relevancia jurídica, ¿qué es?
La decisión del Ejecutivo de nombrar al ex-ministro de Justicia y actual precandidato a diputado Edgar Olmedo como su nuevo representante ante el Consejo de la Magistratura, es una clara demostración de intención del presidente de controlar de alguna manera la elección del próximo Fiscal General del Estado.
Olmedo reemplaza a Mónica Seifart, aspirante oficialista a fiscal general del Estado e íntima amiga de la primera dama de la Nación. Seifart es parte de una larga lista de nombres afines al gobierno de Mario Abdo y postulantes a integrar la terna de donde saldrá el próximo y nuevo FGE.
Cabe señalar que además de los nombres ya oficializados como postulantes a presidir el Ministerio Público, M. Seifart, Carlos Arregui, Cecilia Pérez y Oscar Orué, se suman otros cuyos nombres no se pueden descartar en filas del oficialismo, como René Fernández, Arnaldo Guzzio, Guillermo Duarte Cacavelos y Federico González.
Instalar públicamente los nombres de semejante cantidad de postulantes allegados a Mario Abdo Benítez forma parte de su búsqueda por conseguir la designación de uno de ellos y socava, a todas luces, las posibilidades de postulación de profesionales independientes, en detrimento de la independencia, el profesionalismo y el mérito.
De paso señalar, que es preciso que el servicio de justicia sea independiente, que premie el mérito y destierre el amiguismo, que los órganos de selección y control sean técnicos y no políticos.
Es importante mencionar aquí que el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puntualizan que “la independencia judicial constituye un derecho humano”. Amparados en ello, la existencia y supervivencia de nuestra Democracia exige del orden estatal el máximo y debido respeto a la separación de poderes. Es lo que permite el trabajo de los frenos y contrapesos.
La independencia e imparcialidad de los Fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo o cualquier otro.
¿Acaso no tenemos suficientes muestras recientes del terrible e irreparable daño que puede provocar la designación de alguien cercano al presidente de la república al frente del Ministerio Público?
He sido reiterativo en afirmar que la verdadera y real disputa electoral del Paraguay, es por el Poder Judicial, es por el manejo de la Fiscalía, es por el manejo de la Justicia, de manera de asegurar la impunidad.
¿O acaso creen que tanto empeño del presidente es por un país más justo para todos los paraguayos?
LA MILANESA ESTÁ ASEGURADA, PERO NO LA ESPALDA.
Así que Sr. Nephew, si los EE. UU tienen como objetivo la rendición de cuentas transparente de quienes ostentan el poder del Estado, comiencen por el presidente y asegúrense y velen para que sea posible el acceso a un balance objetivo de la gestión presidencial, una vez concluida. Y también, sucesivamente. Ello no será posible con un Fiscal a medida del gobierno saliente.
Para muestra sobra un botón.
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