Mientras el común del boliviano continuaba en la parranda de año nuevo, la dictadura ponía en vigencia el decreto supremo 4850. Al respecto, el economista Gabriel Espinoza, en una entrevista al diario Página Siete, expresó lo siguiente:
En este decreto, el Gobierno está considerando la venta de un inmueble como una actividad comercial; si alguien por algún motivo se va del país, decide reducir su casa a un departamento o al revés y vender algunos bienes muebles, ahora eso se considera una actividad comercial. Por lo tanto, del valor de la venta se va a aplicar un grupo de impuesto a las utilidades, como si esta venta fuera con objetivos finánciales.
El objetivo central de la medida es incrementar la recaudación fiscal del Estado. Es decir, otra forma más de seguir tomando los recursos privados para sostener el desgastado modelo económico del Movimiento Al Socialismo.
Sin embargo, la voracidad fiscal es solo una muestra más del complicado cuadro macroeconómico de Bolivia. Por ejemplo, la calificadora internacional de riesgo Standard & Poor’s (S&P), a inicios de diciembre, rebajó la nota al país, debido, fundamentalmente, a los conflictos sociales permanentes.
Pero la cosa sigue, pues el mismo mes, Marcelo Montenegro, ministro de Economía, afirmó que el «mar de gas» que presumió Evo Morales durante su último mandato era, como muchas de las cosas que afirmó el cocalero, una mentira. También añadió que estábamos pagando las consecuencias de varios años de ausencia de exploración. Nobleza obliga a reconocer que, en este punto, Montenegro tiene razón.
Ante este escenario la pregunta clave es, ¿hasta cuándo se podrá sostener el tipo de cambio fijo y el subsidio a los hidrocarburos?
Pero los problemas de Bolivia no se circunscriben al terreno económico, sino que abarcan la totalidad de la sociedad.
A tan solo dos semanas del inicio de la gestión escolar 2023, muchos padres de familia, pedagogos y politólogos se percataron que el currículo educativo escolar boliviano apunta al adoctrinamiento más que a la enseñanza.
Fueron los propios maestros del magisterio nacional que denunciaron que, por citar un caso, los textos de secundaría muestran los sucesos del 2019 como un «golpe de Estado».
En el caso de Ciencias Sociales, que tenía 16 horas, se le quitan cuatro para que estas sean asignadas a la enseñanza de la materia de despatriarcalización, básicamente, ideología de género, feminismo, aborto y otros elementos de la agenda 2030 de la ONU.
A la Matemática se le asignaba 20 horas, pero, a partir de este año, se le cortará ocho para que estas sean dedicadas a la enseñanza de una nueva materia, Educación Financiera.
Es evidente que en Bolivia se intenta aplicar la máxima de George Orwell: «Aquel que controla tu pasado, también controlará tu futuro». No somos un oasis económico, sino, tan solo, un mar de mentiras.
¡Pobre país!
