Diputados y Senadores aprobaron la semana pasada, el proyecto de ley que elimina la obligación de la Contraloría General de la República, de comunicar al Ministerio Público cuando un funcionario público omite “algún dato” en su Declaración Jurada de Bienes, Rentas y Activos patrimoniales. Para ser más específicos, la cláusula principal deroga la última parte del art. 14 de la Ley N° 5033/13, según la cual la Contraloría General de la República debe denunciar al Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional los indicios de errores u omisiones dolosas.
Hasta el día de hoy, dicha omisión (ocultamiento) puede ser pasible de sanciones penales, constituyendo un delito. De promulgarse la Ley, dejaría de ser considerado como un hecho punible pasible de sanciones y constituiría un mero acto administrativo, “corregible”. En criollo, vía libre para el ocultamiento y blanqueo de otros delitos. (Imagínese cómo afectará esto a las evaluaciones internacionales en curso)
Esto significa que el que realiza la declaración, puede en cualquier momento efectuar las rectificaciones que se le antojen, a piacere, aunque sus omisiones o falsedades hayan sido dolosas. Claramente despenalizar implica abrir las puertas de par en par, al blanqueamiento de capitales y lavado de dinero de origen ilícito.
Pero hay más. Vamos a meter el dedo en la llaga, pues aún hay algo más deplorable. No vayan a creer que legislan para la ciudadanía, pues la despenalización es para los funcionarios públicos y nadie más. ¿Y el ciudadano común? Y El ciudadano común por el mismo acto puede ir preso. Como leíste: nosotros, ciudadanos comunes, ante los mismos hechos, podemos ser investigados y sancionados, ellos no.
¿Sorprendidos?
Ahí no termina, ¡tiene efecto retroactivo!
Así que, si no querés pegarte un tiro en el pie (para no decir otra cosa) no empieces hacer memoria porque te darás cuenta que todos los que estaban en el ojo de la tormenta por sus declaraciones dudosas, en vez de terminar presos, tendrán vía libre para seguir mintiendo. ¿Paradójico no? “Declaración Jurada, FALSA”, pero al final, legal. Increíble.
No importa cuántas veces. Lo podrán hacer de manera discrecional conforme a sus necesidades, podrá ser por omisión o por error voluntario o premeditado, no importa. Una enmienda sin consecuencias más que administrativas, nada más y nada menos, sobre una declaración JURADA. ¿Jurada?
Recordemos que la declaración jurada de bienes, rentas y activos deben presentarse por expreso mandato Constitucional. Es decir, es una obligación establecida por la Constitución, que se fundamenta en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos. PRECISAMENTE. Por lo cual, aprobar el proyecto sería la degeneración de la naturaleza de las mismas.
Vale destacar también, que en el mejor de los casos, si el Ejecutivo veta el proyecto, estaríamos lejos de la labor cumplida. Pues hay que revisar lo que se ha venido haciendo y avanzar en las investigaciones que se vienen realizando. Y allí, es importante nombrar la importancia que tendrá el rol de la Contraloría, pero también el de otras instituciones como la SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y la Superintendencia de Bancos. Todas debieran tener un rol institucional fundamental, actuar en estrecha coordinación y cooperación para comprobar y validar las declaraciones juradas, de manera a verificar que sean reales y legítimas. Y si no lo hicieran, podremos acusarlos por encubrimiento y complicidad.
Por último, no olvidemos también algunos logros importantes que vale mencionar aquí. Hace un tiempo, se logró la publicidad de las declaraciones juradas luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia el 11 de junio de 2021. Eso constituyó, sin dudas, un hecho histórico que hizo posible conocer muchos casos de corrupción y que se procesaran a varios. También permitió la recuperación de impuestos y el cobro de multas. Y por ese camino hay que seguir transitando.
Sólo hay una persona que puede evitar un nuevo atropello contra los corruptos y criminales. El presidente de la República. Y miren que no son muchas las herramientas con las que contamos para ir detrás de ellos, autoridades y funcionarios que casi siempre andan impunes por la vida ocultando bienes, evadiendo controles e impuestos, evitando sanciones. No nos podemos dar el lujo de retroceder, sabiendo lo que nos cuesta avanzar.
Esta semana, Presidencia informaba que aún no habían recibido el proyecto de parte del Congreso, pese haber transcurrido una semana desde su aprobación. Recibido en presidencia, el Ejecutivo tendrá 6 días para pronunciarse, promulgando o vetando el proyecto de Ley.
Personalmente, pese a que nos encontramos en una guerra electoral, estimo que el Ejecutivo vetará el Proyecto. Hay motivos para esperar que así sea. El junio del año pasado, el Presidente vetó un proyecto similar de despenalización del falseo en las declaraciones juradas. En aquel entonces, manifestaba: “Si la ley despenaliza el falseamiento de la declaración jurada de bienes, como estoy leyendo en los medios de comunicación, tenemos la obligación de vetarla. Se trata de un compromiso moral, que se pierde totalmente la esencia si el falseamiento de las declaraciones juradas no va a tener una pena. Me cuesta creer que esa redacción tiene la ley. Si el Congreso de la Nación despenaliza las declaraciones juradas, vamos a vetar categóricamente», prometía el mandatario y así lo hizo.
En su fundamentación, (decreto 3.708/20) señaló: «la despenalización de esta conducta deja a los funcionarios públicos fuera del alcance de las normas aplicables, a diferencia del resto de los habitantes que están sujetos a la presentación de declaraciones juradas de diversa índole sin este tratamiento. Igualmente, se objeta totalmente a la ley sobre la base de fundamentos constitucionales y de argumentos que hacen a una política adecuada de transparencia y combate a la corrupción al reglamentar el Artículo 104 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas.”
Lo tengo que decir: ¡Perfecto Presidente!
Todo lo que tiene que hacer es cumplir con su deber moral y patriótico. Reafirmar su compromiso y ser coherente. Usted dice que es de la gente y la gente está harta de verlos tener carta blanca para delinquir. La tienen de hecho.
POR LO MENOS EVITE QUE LA TENGAN, ADEMÁS, DE DERECHO. Pd: Nada me quita la repugnancia hacia los Diputados y Senadores que aprobaron el Proyecto (cuyos beneficiarios, son ellos mismos). No tuvieron reparos en refregarnos, una vez más, su inmoralidad y falta de compromiso con la Patria. Representantes de ustedes mismos.
