El término «dictadura de la toga» es una frase cada vez más recurrente en Brasil. Esto se escucha casi a diario a causa de una persecución política e ideológica cada vez más sesgada que se ha percibido por parte del Supremo Tribunal Federal, en contra de los simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro. En esta oportunidad, fue el caso del periodista Allan Dos Santos, líder del portal conservador más grande de Sudamérica.
El reportero tuvo que escapar del país en julio pasado, después de un allanamiento a su residencia ordenado por la Justicia. Desde entonces, está en Estados Unidos, donde grupos que apoya su causa le acogieron en el país. Sin embargo, su distanciamiento de la nación suramericana ahora no será suficiente. El ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó la prisión preventiva de Allan dos Santos.
De Moraes también ordenó al Ministerio de Justicia iniciar el proceso de extradición, así como también ordenó que la Policía Federal (PF) incluyera el nombre de Allan Dos Santos en la lista de Interpol. Al respecto, la embajada de Estados Unidos recibió una notificación de la orden de arresto y el vencimiento de la validez de la visa de visitante obtenida por Allan.
La decisión del ministro responde a una solicitud del PF. La Procuraduría General de la República (PGR) ya se había pronunciado en contra de la detención del comunicador. Allan Dos Santos es objeto de dos consultas en el STF. La primera es presunta difusión de noticias falsas y ataques a ministros de la Corte y la segunda el posible rol en una “milicia digital” que estaría conspirando contra la democracia.
Otros casos de persecución del SFT
La denominada «dictadura de la toga» ha logrado incluso pasar por encima de la Constitución y remover la inmunidad parlamentaria a diputados que cuestionaron su autoridad. Alexandre de Moraes, en una oportunidad, determinó que el diputado federal Daniel Silveira debía ser detenido la noche del martes 16 de febrero.
Como él, decenas de activistas, políticos y empresarios han sido privados de su libertad. El caso más grave hasta ahora ha sido del periodista Oswaldo Eustaquio, quien perdió el uso de sus piernas tras amanecer parapléjico en su celda. Posteriormente, tuvo que pedir asilo en México, donde habitó hasta tener la certeza que al volver a Brasil no sería detenido.
Al igual que él, la activista provida Sara Winter estuvo bajo arresto domiciliario por más de un año sin una acusación formal, ni una sentencia en su contra. Portó un grillete en el tobillo, no tenía acceso a cuentas bancarias, ni redes sociales.
De modo que el equivalente a la Corte Suprema niega a los ciudadanos el sustento en sus hogares y los aísla socialmente. Por eso y más advierten los ciudadanos que en Brasil hay una «dictadura de la toga», pues el poder judicial no solo tiene más poder que el presidente sino que persigue abiertamente a sus simpatizantes.
