Haberse declarado “emperador de El Salvador” parece que no es solo una ironía de Nayib Bukele. Sobre todo teniendo en cuenta la marcada predisposición al autoritarismo que viene demostrando en los últimos meses.
La reciente aprobación de un decreto que prohíbe ejercer el derecho a la protesta en El Salvador, al menos hasta el próximo 8 de diciembre, fue aprobada por el Congreso salvadoreño sin siquiera haber sido tratado en comisión o un profundo debate en el pleno del Congreso, deja un peligroso antecedente de cara al futuro.
Según el texto del decreto, establece que la Fiscalía estará facultada para investigar de oficio el incumplimiento del mismo y establece que aquellas personas que convoquen o promuevan las concentraciones prohibidas, se deberán enfrentar a una multa que puede alcanzar los 36000 dólares americanos, además de ser acusadas penalmente por desobediencia.
También, el texto del reciente decreto del «Emperador», faculta al Ministerio de Salud y a la Policía Nacional Civil (PNC) para suspender los eventos.
